Encabezado eft
La apertura de una instancia histórica ante los crímenes del franquismo

La apertura de una instancia histórica ante los crímenes del franquismo

 

Alejandra Patricia Diaz y Eduardo Jorge Varela

 

Los crímenes de lesa humanidad han sido siempre de obligatoria persecución por todos los Estados integrados al marco del derecho internacional. Esto se debe a que son crímenes que atentan contra la condición humana a lo cual todos están obligados a proteger. A lo largo de la historia se han producido varios de estos tipos de crímenes, pero fue sin duda en el siglo XX, la época en la que se tomó conciencia de la necesidad de responder contundentemente a esto.   

La Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista son uno de los ejemplos de crímenes de este tipo que nos dejo el siglo pasado. Asimismo, sucesos que el Estado español decidió esconder bajo la alfombra con la ley de Memoria Histórica, que paradójicamente, establece la no investigación ni castigos sobre los crímenes acontecidos durante el período histórico mencionado. De esta manera el Estado cerró todos los caminos para los descendientes de las víctimas y para las propias víctimas de aquellos crímenes que quisieran echar luz y reconocimiento sobre la suerte de esas personas.

Por ende, la búsqueda de los descendientes debió ser más creativa para intentar sentar a algunos de los criminales (al menos los que permanecen vivos) en el banquillo ante la justicia. Por esta razón, hubo una presentación ante la justicia argentina  en el año 2010 que generó la causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 instruida por la jueza Servini de Cubría en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, más conocida como la “querella argentina”, es el primer proceso abierto judicialmente sobre los crímenes del franquismo en el mundo, puesto que España nunca acepto investigar estos períodos históricos, sostenido sobre el principio de “justicia universal”.

 La justicia argentina se encuentra avalada para llevar adelante este proceso por el artículo 75 inciso 22 de la Constitucional Nacional donde se incorpora con rango constitucional a los Tratados internacionales de Derechos Humanos.

En ese mismo orden de ideas, el Estado Argentino también se encuentra avalado para llevar adelante esta investigación por el principio de tutela judicial efectiva del Art. 8 del Pacto de San José de Costa de Rica, que tiene plena vigencia y ha sido aplicado por la ley 23.054 que ratifico dicha Convención antes de la reforma constitucional de 1994.

Desde el comienzo de proceso alrededor de 200 personas viajaron a Buenos Aires para declarar y constituirse como querellantes, otros muchos no pudieron hacer en razón a su avanzada edad o por falta de dinero para solventar su traslado. Por este motivo, la jueza Servini había previsto viajar a Madrid a principios de 2013 para tomar declaraciones, pero por falta de presupuesto disponible tampoco pudo concretarlo. Para resolver este inconveniente se recurrió al mecanismo de video conferencia, a realizarse desde la Embajada Argentina en Madrid, pero hasta ahora no se han concretado.

La investigación al final se volcó hacia cuatro acusados a los que la jueza imputo en septiembre de 2013, librando el correspondiente pedido de extradición a España. Sin embargo, el pedido de extradición se hizo solo para dos de los acusados puesto que Celso Galván Abascal, quien fuera escolta de Franco y de la Casa Real, que había sido denunciado por diseñar métodos de torturas variados y ser un protagonizar un rol destacado en las salas de interrogatorios; y, por su parte José Ignacio Giralte González, que fuera miembro de la Brigada Político Social[1] hasta su disolución, y se lo acusa de haber ejercido torturas sobre miembros del movimiento estudiantil, fallecieron.

Por lo tanto, los expedientes que llegaron a España solo se remiten a Antonio González Pacheco, alias “Billy, el niño”, quien también fuera miembro de la Brigada Político Social durante el franquismo y que luego, a su disolución, paso a la Brigada Central de Información para que luego se dedicará a la seguridad en empresas privadas, sobre quién pesa la acusación de torturas sobre 13 detenidos durante el periodo 1971-1975; y Jesús Muñecas Aguilar, quien también fuera integrante de la Brigada Político Social y que luego revistara en la Guardia Civil (donde también tuvo acusaciones de apremios ilegales) alcanzando el rango de capitán, pesando sobre él, solo una acusación de torturas, en la humanidad de  Andoni Arrizabalaga Basterrechea en 1968.

Un dato que no deja de ser interesante sobre Muñecas, es que participó en el “Tejerazo” en 1981, lo que hoy se conoce como 23 F. Un intento de golpe de estado fallido, que llevo adelante una vertiente del franquismo.

Otra  información sobre Billy el niño, es que está reclamado por un delito de torturas que habría cometido sobre trece personas durante el tiempo en que estuvieron detenidas entre 1968 y 1975 en las cárceles madrileñas de Yesería y Carabanchel. Se trata de José María Galante, Miguel Ángel Gómez Álvarez, Andoni Arrizabalaga, Antonia Hernández, Francisca Villar del Sanz, Luis Suárez, Silvia Carretero, Acacio Puig, Alfredo Rodríguez Bonilla, Antonio Chapera, Felisa Echegoyen, Francisco José Fernández Segura y Jesús Rodríguez Barrio.

El ex inspector, que aparece hasta en 17 querellas del franquismo por delitos de torturas, fue citado a declarar en los procesos por el asesinato de los abogados de Atocha y en juicios relacionados con grupos paramilitares antiterroristas, así como condenado por malos tratos, pero se benefició de la Ley de Amnistía de 1977.                   

Hasta ahora no se ha concedido la extradición de ambos, aunque el juez de Instrucción Pablo Ruz les tomará declaración a los acusados el 5 de diciembre de 2013 y ordenara retirarle los pasaportes y les obligara a comparecer semanalmente en el juzgado más cercano a su domicilio. Posteriormente, la  Sala Penal de la Audiencia Nacional confirmo lo decidido por el juez Ruz. Sin embargo, más allá de la decisión judicial la última palabra la tendrá el Gobierno de Rajoy, que tendrá que confirmar o rechazar la decisión.

Con respecto a la posibilidad de la extradición hay algunas posiciones diferentes, lo cual no quiere decir que sean alentadoras para el reclamo realizado por la jueza Servini.

En principio, el Ministerio Público español ya se habría expresado en contra de la extradición de Billy el Niño, por medio de un escrito presentado por el Fiscal Pedro Martínez Torrijos argumentando que los crímenes imputados ocurrieron entre el año 1968 y 1975 por lo que de acuerdo al código penal  estarían prescriptos después de los 10 años. Por otra parte, aunque se pudiera intentar cumplir con los Tratados internacionales firmados por España, los mismos sólo entraron en vigencia hasta 1999.

La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará el próximo 10 de abril en una vista pública la petición de extradición del ex inspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, reclamado por Argentina por torturas en el franquismo, entrega a la que se opone la Fiscalía

 Respecto  a  la extradición de Jesús Muñecas Aguilar, sobre cuya entrega aún no se ha posicionado la Fiscalía, su  reclamación, será revisada en otra vista aparte por otra sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Por otra parte, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ante entrevistas en los medios reconoció la posibilidad de abrir una investigación sobre los crímenes que se les imputan a los acusados “tratándose de hechos delictivos cometidos por españoles contra españoles en España”[2]. Por lo que se sobre entiende que en caso de abrirse una investigación, España reclamara la jurisdicción preferente y se evitará la extradición.     Asimismo, no hay que olvidar la ley llamada de Memoria Histórica[3] que apunta al perdón de todos los crímenes de la época en cuestión. Por lo cual vuelve muy probable que si se tomará este camino sería sólo para salvar a los acusados de un juicio y de una eventual condena.

Por último, es válido tener en cuenta la recientemente aprobada Ley Orgánica del poder judicial relativa a la jurisdicción universal[4] que restringe las condiciones en las que la justicia española puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional. Por ende, al entrar en vigencia, caerán todas las causas que se estén tramitando en los juzgados españoles quedando sobreseídas.

Es muy probable que las extradiciones sean muy difíciles de lograr, principalmente mientras el gobierno esté en manos del Partido Popular. Empero, si fuera otro gobierno se encontrarían con la misma dificultad porque el Partido Popular seguiría bloqueando la extradición.

Mientras tanto, la querella tiene preparado una lista de nombres para acusar de crímenes de lesa humanidad. Por lo cual, todo está abierto, y por hacerse…y quizás pueda echar un poco de luz a muchas historias anónimas truncadas por la violencia política de un Estado, que en principio parece estar actuando en forma criminal respecto de los hechos imputados. El tiempo dirá, si el Gobierno Español cambia de actitud o persiste en negar una esperanza a la querella para que los familiares puedan dar con sus seres queridos y despedirlos en paz.



[1] Era una división de la policía española que se encargaba de la represión sistemática de dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles.

[4] Ver ley en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2709 (consultado en marzo 2014)

 

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