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Panorama actual de la responsabilidad del Estado en la Argentina. A propósito del Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo tendiente a regularla. Giorgio Agustin Benini
Panorama actual de la responsabilidad del Estado en la Argentina. A propósito del Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo tendiente a regularla
Por Giorgio Agustin Benini

Fuente: Citar: elDial.com - DC1C32

Publicado el 06/01/2014

I.- Introducción

 

A instancias del Poder Ejecutivo, se encuentran en debate en el Congreso de la Nación, dos Proyectos de Ley de enorme trascendencia jurídica e institucional para el país: el de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial y el de responsabilidad del Estado.

 

El primero tiene como antecedente el anteproyecto redactado por la \"Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación\", constituida mediante Decreto N° 191 del 23 de febrero de 2011 e integrada por los juristas Ricardo Luis Lorenzetti (presidente), Elena I. Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci.

 

Las modificaciones incorporadas al anteproyecto por el Poder Ejecutivo, delinearon a su vez, los contornos definitivos del texto remitido al Congreso de la Nación el 8 de junio de 2012 para su tratamiento parlamentario.

 

Entre aquellos cambios, el que mayor polémica ha suscitado en los ámbitos legislativo, doctrinario y mediático, es el referido a la exclusión de la responsabilidad del Estado del compendio normativo proyectado.

 

En efecto, dentro de los supuestos especiales de responsabilidad, el texto de la Comisión consideraba la del Estado por defectos de servicio (art. 1764[1]), la del funcionario y empleado público por ejercicio irregular de su cargo (art. 1765[2]) y la del Estado por actividades lícitas (art. 1766[3]).

Sin embargo, el Ejecutivo suprimió tales disposiciones, limitándose a consignar en el proyecto remitido al Congreso, que \"Las disposiciones de este Título –‘Otras fuentes de las obligaciones’- no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria\" (art. 1764), aspirando a que, junto con la de los funcionarios y empleados públicos, se rijan por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda (arts. 1765 y 1766[4]).

 

Con posterioridad, el Ejecutivo remitió a consideración del Congreso, un Proyecto de Ley tendiente a regular los mencionados tópicos.

 

En buena medida, este último proyecto recepciona los criterios actuales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre los aspectos centrales de la responsabilidad extracontractual del Estado.

 


 

 

II.- Criterios actuales en materia de responsabilidad extracontractual del Estado

 

II.I.- La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

 



De ahí que el esquema de la responsabilidad del Estado en nuestro país, se haya ido construyendo casi exclusivamente con la estela dejada por la labor de los tribunales, y con el auxilio de algunas normas más pensadas para ser aplicadas a la relación entre particulares, que entre éstos y la Administración.

 

De esa manera, con marchas y contramarchas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue marcando hitos que permitieron esbozar una teoría de la responsabilidad del Estado en la Argentina. Se valió para ello, de la aplicación analógica de disposiciones del Código Civil ante la ausencia de normas específicas que desde el derecho administrativo regularan los distintos supuestos que se le iban presentando.

 

El punto de partida de ese zigzagueante camino fue el caso \"Tomás Devoto\"[5] (1933), fallado por el Máximo Tribunal federal hace exactamente ochenta años. Con él –y sin perjuicio de algún caso excepcional anterior donde admitió la responsabilidad de la Administración[6]-, dejó atrás la doctrina de la indemandabilidad e irresponsabilidad del Estado fundada en su soberanía[7]. En este caso, la Corte consideró que aquél era responsable por el incendio ocasionado en terrenos de la actora, por agentes que ejecutaban trabajos bajo su dependencia. Invocó para ello, el art. 1113 del Código Civil[8], considerando que la culpa de los operarios se encontraba acreditada en los términos del art. 1109[9].

 

En otros términos, la Corte reconoció la responsabilidad extracontractual del Estado por los actos de sus agentes, sobre la base de un factor de atribución subjetivo (la negligencia de los operarios).

 

Como explica Cassagne, el Tribunal combinó las disposiciones de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, elaborando un criterio que le permitió eludir el obstáculo del art. 43[10] para el reconocimiento de la responsabilidad aquiliana de las personas jurídicas[11].

 

Posteriormente, tomando como base los arts. 1112[12] (responsabilidad directa y objetiva) y 1113 (responsabilidad indirecta), condenó a la provincia de Buenos Aires a resarcir los daños ocasionados a un particular como consecuencia de la expedición defectuosa de un certificado registral.

 

Así lo hizo en \"Ferrocarril Oeste\"[13] (1938) donde, a su vez, dejó de lado el art. 43 del Código Civil, afirmando que la provincia demandada actuaba como persona de derecho público y no de derecho privado, circunstancia que hacía inaplicable aquella disposición.

 

A partir de Vadell[14] (1984), en cambio, la Corte comenzó a utilizar exclusivamente el art. 1112, prescindiendo del 1113, en la inteligencia de que la responsabilidad del Estado por acto de sus órganos es siempre directa por falta de servicio[15].

 

Sostuvo en esa línea que, \"La idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del Código Civil que establece un régimen de responsabilidad ¨por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas¨. Ello pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público que no requiere, como fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del Código Civil\".

 

Unos años después, en \"Tejedurías Magallanes\"[16] (1989), la Corte añadió que \"Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecución irregular. Esta idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del Código Civil, pues no se trata de una responsabilidad indirecta, toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas\".

 

En este mismo pronunciamiento, el Tribunal cimero indicó que para la procedencia de la  indemnización por la actividad legítima del Estado, son requisitos ineludibles: 1) la existencia de un daño actual y cierto, 2) la relación de causalidad directa e inmediata entre el accionar del Estado y el perjuicio y 3) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños al Estado; agregando luego, 4) la necesaria verificación de la existencia de un sacrificio especial en el afectado[17] y 5) la ausencia por parte del administrado, de un deber jurídico de soportar el daño[18].

 

En cuanto a la responsabilidad del Estado por actividad administrativa ilegítima, la jurisprudencia de la Corte exige: 1) un daño cierto y actual, 2) la relación de causalidad, 3) la imputación jurídica de la conducta al Estado y 4) la falta de servicio.

 

Nótese que el Proyecto del Poder Ejecutivo, se hace eco de tales presupuestos en sus arts. 3° y 4°.

 

En efecto, la primera de aquellas disposiciones dice: \"Son requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad e inactividad ilegítima:

‘a) daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero;

‘b) imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal;

‘c) relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación se persigue;

d) falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de una deber normativo de actuación expreso y determinado\".

 

Por su parte, el art. 4° del mencionado Proyecto, reza: \"Son requisitos de la responsabilidad estatal por actividad legítima:

‘a) daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero;

‘b) imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal;

‘c) relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño;

‘d) ausencia de deber jurídico de soportar el daño;

‘e) sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido\".

 

Ahora bien, en esta ajustada síntesis, no podemos dejar de mencionar aspectos tales como el alcance de la indemnización, la prescripción y algunas cuestiones procesales que también tuvieron tratamiento en la jurisprudencia de la Corte y que son relevantes a los fines de este trabajo pues, como veremos más adelante, el proyecto del Poder Ejecutivo pretende regularlos.

 

 

II.II.- El lucro cesante en las indemnizaciones por daños ocasionados por actividad administrativa legítima

 

En cuanto al alcance de la indemnización, el punto que mayor atención merece es el relativo al lucro cesante en daños provocados por el ejercicio de actividades administrativas legítimas.

 

Al respecto, cabe señalar que la doctrina se divide, por un lado, entre quienes consideran que el perjuicio ocasionado por aquella clase de actividad no da derecho a lucro cesante[19] y, por el otro, quienes entienden que la indemnización debe ser siempre integral pues el derecho de daños está presidido por reglas comunes que no habilitan distinguir según que la actividad pertenezca al derecho privado, administrativo, laboral o constitucional[20].

 

En lo que respecta a la jurisprudencia de la Corte, el criterio actual se inclina por aceptar el rubro lucro cesante sólo en indemnizaciones tendientes a resarcir daños ocasionados por la actividad ilegítima. Ello es así, pues con respecto a la legítima, el Máximo Tribunal ha preferido, antes que recurrir a normas del derecho privado, echar mano a la solución prevista en un instituto propio del derecho administrativo: la expropiación.

 

Precisamente, el art. 10 de la Ley Nacional de Expropiaciones[21], dispone: \"La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante. Integrarán la indemnización el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses\".

 

Sobre la cuestión, es ilustrativo lo expresado en el considerando 8° de \"Cantón\"[22], en el sentido de que \"la reparación debe atender, ante la falta de normas expresas sobre el punto, al modo de responder establecido en instituciones análogas (art. 16, Código Civil), debiendo aceptarse en la especie que la expropiación es la que guarda mayor semejanza con el supuesto planteado, por el ámbito en que se desenvuelve, la finalidad que persigue y la garantía que protege. De ahí que sus normas resulten viables para determinar el perjuicio sufrido por la demandante, no siendo procedentes las propias del derecho común relativas a la responsabilidad civil\".

 

De todas formas, si bien hoy en día la jurisprudencia se inclina por denegar el lucro cesante cuando los daños son provocados como consecuencia de la actividad administrativa legítima, no siempre fue así.

 

En ese sentido, con matíces, lo rechazó en \"Laplacette\"[23] (1943),  \"Corporación Inversora Los Pinos\"[24] (1975), \"Cantón\" (1979) y \"Motor Once\"[25] (1989), aunque lo admitió en \"Eduardo Sánchez Granel\"[26] (1984) y \"Jucalán\"[27] (1989).

 

El tema es abordado también por el Proyecto de Ley sobre Responsabilidad del Estado, cuyo art. 5° en lo pertinente, reza: \"La responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter excepcional. En ningún caso procede la reparación del lucro cesante.

 

‘La indemnización de la responsabilidad del Estado por actividad legítima comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas\".

 

Nótese el parecido con el texto del art. 10 de la Ley de Expropiaciones.

 

 

II.III.- El plazo de prescripción de la acción contra el Estado

 

Otro de los aspectos que amerita una consideración diferenciada, es el relativo al plazo de prescripción para demandar al Estado.

 

Ante la ausencia de una norma que desde el derecho administrativo regule la cuestión, la Corte ha optado por aplicar analógicamente el art. 4037 del Código Civil[28], que prevé un plazo de dos años para que opere la prescripción de la acción por responsabilidad civil extracontractual.

 

Así lo ha decidido en varios de sus pronunciamientos, entre los que podemos indicar \"Harriet\"[29]  (1985) y \"Astuena\"[30] (1991).

 

Es oportuno señalar, que si bien la doctrina coincide en aplicar el art. 4037 para los casos de responsabilidad legítima, se verifican divergencias en cuanto a la ilegítima.

 

En ese sentido, mientras Marienhoff respaldaba la aplicación de la mencionada disposición a todos los casos de responsabilidad extracontractual del Estado[31], Cassagne cuestiona la jurisprudencia de la Corte, considerando equivocado extender aquella norma a la responsabilidad por obrar ilegítimo.

 

Manifiesta al respecto que, \"El error de esta tendencia jurisprudencial estriba en no haber advertido en que la responsabilidad extracontractual del Código Civil se basa, primordialmente, en la ilicitud subjetiva mientras que el derecho administrativo ha estructurado una responsabilidad totalmente objetiva, que, en este caso, procede respecto de los actos legítimos del Estado. Por lo demás, el propio texto del artículo 4037 del Código Civil indica expresamente que la prescripción allí regulada es la referente al ejercicio de acciones tendientes a consagrar la responsabilidad civil.

 

‘Por esa causa, la norma que debe aplicarse por analogía es la contenida en el artículo 4023 del Código Civil, en cuanto, posee una mayor generalidad, permitiendo la realización de la justicia sin cortapisas formales\"[32].

 

De todas formas, como ya hemos indicado, el Máximo Tribunal federal se ha inclinado por aplicar el art. 4037 a ambas especies de responsabilidad extracontractual (legítima e ilegítima).

 

El proyecto del Poder Ejecutivo, por su parte, ha seguido el último de aquellos temperamentos, consignando en su art. 7° que: \"El plazo para demandar al Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de dos (2) años computados a partir de la verificación del daño o desde que la acción de daños esté expedita\".

 

Idéntico lapso de tiempo ha previsto para la responsabilidad por actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas (art. 9°).

 

No obstante, como veremos más adelante, el plazo para demandar al Estado fue incrementado en un año en el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

 

 

II.IV.- Causa civil y competencia originaria de la Corte

 

Un apartado propio merecen las consideraciones efectuadas por la Corte en la causa \"Barreto\"[33] (2006).

 

En este caso, los actores promovieron una demanda contra la provincia de Buenos Aires y un integrante de la policía provincial, ante la instancia originaria de la Corte Suprema. La pretensión perseguía obtener una indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la muerte de su hija, con fundamento en el art. 1112 del Código Civil. Los actores sostuvieron la configuración de una \"falta de servicio\" consistente en el comportamiento irregular del personal de la policía de la Provincia en la realización de la tarea de prevención de delitos.

 

En los considerandos de \"Barreto\", el Máximo Tribunal reexaminó el concepto de \"causa civil\"[34], restringiendo el alcance amplio que le había otorgado desde el caso \"De Gandia\"[35] (1992). Justificó dicho cambio jurisprudencial en la necesidad de preservar y fortalecer su rol institucional como intérprete final de la Constitución, cuestión que se veía conmovida por el aumento de las causas que llegaban a su conocimiento de manera originaria, la gran diversidad temática y jurídica que las mismas comprendían y la consiguiente afectación que esta actividad generaba en los \"limitados\" recursos humanos y materiales del tribunal.

 

Con aquel propósito, la Corte afirmó que la causa civil quedaba verificaba a partir de ese momento en \"aquellos litigios regidos exclusivamente por normas y principios de derecho privado, tanto en lo que concierne a la relación jurídica de que se trata, como en el examen sobre la concurrencia de cada uno de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial ventilada y, en su caso, en la determinación y valuación del daño resarcible\".

 

De esta manera, el concepto de \"causa civil\" excluye a todos aquellos casos en que \"quiera hacerse responsable patrimonialmente a una provincia por los daños y perjuicios que crean sufrir los ciudadanos de otro Estado local, o un extranjero, por la actuación o por la omisión de los órganos estatales en el ejercicio de sus funciones administrativas, legislativas y jurisdiccionales\".

 

Para arribar a esta conclusión, la Corte necesitó afirmar que las causas en donde se discute la supuesta responsabilidad extracontractual de las provincias por presunta \"falta de servicio\", derivada del incumplimiento irregular de las funciones estatales propias, se rigen, de forma principal, por el derecho público provincial. La línea argumentativa central remite, como no podía ser de otra manera, a la distribución de potestades entre el estado federal y las provincias: el ejercicio del \"poder de policía de seguridad\" es una \"potestad pública\" propia del Estado provincial, no delegada al gobierno federal y, por ende, comprendida dentro de la pauta de distribución establecida por el art. 121 de la Constitución Nacional[36]. No obstaría a esta conclusión la circunstancia de que se invoquen eventualmente disposiciones contenidas en el Código Civil \"pues todos los principios jurídicos – entre los que se encuentra el de la responsabilidad y el resarcimiento por daños ocasionados – aunque contenidos en aquel cuerpo legal no son patrimonio exclusivo de ninguna disciplina jurídica y menos aún del derecho privado, pues constituyen principios generales del derecho aplicables a cualquiera de ellas, aunque interpretándolos teniendo en cuenta el origen y naturaleza de la relación jurídica de que se trate\"[37].

Esta doctrina se ha ido consolidando con pronunciamientos posteriores, tales como \"Zulema Galfetti de Chalbaut\"[38], \"Krinsky\"[39], \"Contreras\"[40], \"Aguilar\"[41], \"Blackie\"[42] (todos del 2006), \"Securfin S.A.\"[43] (2007) y \"Entre Ríos c. Amado\"[44] (2009).

 

 

III.- La iniciativa del Poder Ejecutivo sobre responsabilidad del Estado y su trámite parlamentario

 

III.I.- El texto remitido al Congreso de la Nación

 

Las características más relevantes del Proyecto del Ley de Responsabilidad del Estado, enviado al Congreso el 12 de noviembre de 2013, son las que siguen:

.      Regula la responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios que su actividad administrativa, tanto legítima como ilegítima, produzcan a los particulares.

.      Excluye las disposiciones del Código Civil, las que no serán aplicables ni directa ni subsidiariamente.

.      No se podrán aplicar astreintes contra el Estado, agentes o funcionarios.

.      La responsabilidad del Estado por su obrar legítimo es excepcional y comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad estatal. No da lugar al lucro cesante.

.      Los presupuestos necesarios para atribuir responsabilidad al Estado por su actividad legítima, serán: a) daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b) imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal; c) relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño; d) ausencia de deber jurídico de soportar el daño; e) sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad.

.      Los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización.

.      Consagra la irresponsabilidad del Estado por daños atribuibles a los concesionarios o contratistas de servicios públicos.

.      El plazo para demandar al Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de dos (2) años computados a partir de la verificación del daño o desde que la acción de daños esté expedita.

.      Idéntico lapso rige con respecto a la pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos por el cumplimiento irregular –doloso o culposo-, por los daños que pudieran ocasionar como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

.      También prescribe a los dos (2) años, la acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño.

.      En cuanto a la responsabilidad contractual, las disposiciones contenidas en el proyecto serán de aplicación supletoria.

 

III.II.- El debate central: la ubicación de la responsabilidad del Estado

 

Con el texto remitido para su consideración parlamentaria, el Poder Ejecutivo intenta dejar en claro que la responsabilidad del Estado constituye una cuestión propia del derecho administrativo y, por tanto, ajena a las normas y principios del derecho privado.

 

Este criterio tiene dos consecuencias fundamentales que se circunscriben, por un lado, a la prescindencia de las normas del Código Civil utilizadas actualmente para fundar la obligación del Estado de resarcir los daños ocasionados a particulares y, por el otro, el reconocimiento de la potestad de las provincias para legislar sobre aquellas responsabilidades.

 

Ahora bien, la aplicación que hoy en día se hace del Código Civil a la responsabilidad del Estado, encuentra su razón de ser en la falta de normas que, desde el derecho administrativo, regulen la temática. La analogía es, por tanto, el recurso utilizado para colmar esta laguna.

 

En este punto, vale recordar que la analogía supone un procedimiento de abstracción, aceptando que la norma expresa contiene un principio de derecho que tienen un valor más general, susceptible de ser aplicado a otra especie de relaciones no contempladas expresamente, especie en la que se encuentra el caso concreto examinado por el juez, quien deberá aplicar el principio general derivado de la materia análoga, siempre y cuando el caso que haya de resolver imponga la analogía, y no la excluya por alguna razón.

 

La utilización de esta técnica de modo alguno implica ubicar la cuestión de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos en la órbita propia de las normas y principios del derecho civil, sino, muy por el contrario, trasladar la solución legalmente prevista para un caso (la responsabilidad civil), a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico (la responsabilidad estatal), pero que es semejante al primero.

 

Ello es así, pues la responsabilidad estatal constituye una cuestión que concierne a la llamada parte general del derecho administrativo por su conexión con la idea que atribuye al Estado una personalidad moral o jurídica y por la necesaria vinculación que existe entre los principios que rigen los modos de actuación estatal y las consecuencias que se desprenden de ellos, tanto frente a los terceros, como respecto de los propios agentes públicos[45].

 

Siguiendo este razonamiento, la Corte Suprema ha expresado en varias oportunidades que, existiendo una ley de derecho administrativo, \"el Código Civil… sólo es aplicable en cuanto sea compatible con los principios de aquella\" [46].

 

De esta manera, si bien la aplicación de normas del derecho civil puede extenderse al derecho administrativo, \"con las discriminaciones impuestas por la naturaleza propia de lo que constituye la substancia de esta última disciplina\"[47], \"la indagación acerca de la pertinencia de tal analogía resulta desde todo punto de vista innecesaria cuando la propia ley administrativa regula directamente los hechos materia del caso\"[48].

 

El criterio señalado precedentemente, es también el imperante en otras latitudes.

 

En ese sentido, al comentar el sistema de responsabilidad estatal del Brasil, Bandeira de Mello afirma que, en la actualidad, la noción de responsabilidad del Estado es propia del derecho público, siendo gobernada por principios propios, compatibles con las características particulares del Estado[49].

 

Esta afirmación es también compartida por García de Enterría y Fernández, quienes al relatar la evolución que ha tenido la materia en España, señalan que con la reforma introducida en 1999 a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común[50], se puso fin a la dualidad de sistemas de responsabilidad, público y privado, unificando la regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración en aquella norma[51].

 

No obstante, hay quienes se resisten a aceptar la corriente preponderante que ve en la responsabilidad estatal una cuestión de derecho administrativo y no de derecho civil. Así lo hace, entre nosotros, Gordillo, que justifica la aplicación directa de las disposiciones del Código Civil por  estar \"en juego la garantía de la propiedad de los ciudadanos, que es por lo demás de raigambre constitucional, y que el funcionamiento real de la responsabilidad en verdad niega casi absolutamente\"[52].

 

No compartimos esta visión, pues consideramos que todos los derechos y garantía previstos en la Constitución deben ser respetados sea cual fuere la naturaleza de la norma que los reglamente.

 

Ello no impide, sin embargo, que siendo la Administración una de las partes de la relación jurídica, la regulación del vínculo administrado-Estado, adquiera matices particulares.

 

Por otra parte, el carácter local de la ley administrativa es lo que habilita a las legislaturas a regular la responsabilidad de los estados provinciales.

 

Ello es así, pues las provincias conservan todas las facultades no delegadas a la Nación (art. 75, inc. 12 C.N.).

 

De hecho, varias son las provincias que en sus constituciones, cuentan con disposiciones acerca de la responsabilidad estatal y de los funcionarios públicos, a saber: Catamarca (arts. 47[53] y 48[54]), Córdoba (art. 14[55]), Chaco (art. 76[56]), Chubut (art. 69[57]), Formosa (art. 25[58]), Jujuy (art. 10[59]), La Rioja (art. 48[60]), Misiones (arts. 80[61] y 81[62]), Río Negro (art. 55[63]), San Juan (art. 43[64]), Salta (art. 5°[65]), Santa Fe (art. 18[66]) y Tierra del Fuego (art. 188[67]).

 

Cabe señalar, no obstante, que aquellas disposiciones sobre responsabilidad del Estado, son criticadas por parte de la doctrina por considerar que las mismas rebasan las atribuciones conferidas a las provincias.

 

Se ha expresado, en ese sentido, que es el Congreso el que por imperio del art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional[68], tiene a su cargo la sanción del Código Civil, que es el cuerpo normativo que contiene todo el régimen relativo a las obligaciones y la responsabilidad por los daños, de las personas individuales, los funcionarios y las personas jurídicas y entre ellas y el propio Estado (arts. 699 y ss. y 1112)[69].

 

Sin embargo, tal criterio, además de ubicar erróneamente a la responsabilidad del estado dentro del régimen de la responsabilidad civil, olvida que para determinar la ilegitimidad de la conducta u omisión del agente, es necesario analizar la normativa que regula su función. Como expresa Reiriz, el art. 1112 es una norma incompleta o de reenvío[70].

 

Por lo demás, cabe recordar que en la ya citada causa \"Barreto\", la Corte sostuvo que la configuración de una falta de servicio requiere acudir necesariamente al derecho público local, lo cual pone en juego la autonomía provincial, a pesar de que la norma en que se sustenta la responsabilidad estatal se encuentre en el Código Civil.

 

 

III.III.- El texto aprobado por la Cámara de Diputados

 

El 19 de noviembre, en sesión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, la iniciativa del Ejecutivo obtuvo dictamen favorable tras habérsele realizado algunas modificaciones.

 

Posteriormente, el 27 de noviembre, obtuvo media sanción en la Cámara baja[71].

Las modificaciones con las que fue aprobado son:

 

.    El plazo para demandar al Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual, pasó de 2 a 3 años (art. 7°).

.    La prescripción de la acción resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos, también se amplió de 2 a 3 años (art. 9°).

.    Se incluyó un segundo párrafo al art. 10 que dice: \"Las disposiciones de la presente ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de empleador\".

 

 

El paso siguiente será el tratamiento en la Cámara de Senadores, previsto para los primeros días del próximo período de sesiones.

 

 

IV.- Corolario

 

El proyecto de ley remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo, ubica definitivamente a la responsabilidad del Estado dentro de la esfera del derecho administrativo y reconoce la potestad de las provincias para regular la materia dentro de sus respectivas jurisdicciones.

 

Decimos \"reconoce\", porque como sostuvimos más arriba, al margen de la regulación proyectada, es la propia naturaleza jurídica de la responsabilidad extracontractual del Estado la que la posiciona dentro de aquella esfera local.

 

En cuanto a los distintos aspectos que el proyecto pretende regular, queda claro luego de la síntesis que realizamos de la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, que el texto refleja en buena medida sus criterios actuales.

 

Este aspecto no es menor pues más allá del rechazo que algunas soluciones hayan despertado en parte de la doctrina –como es habitual y razonable en el campo de la ciencia jurídica-, lo cierto es que al estar en línea con aquellos criterios, la jurisprudencia que se dicte con posterioridad a su sanción servirá para ir consolidando cada cláusula de su texto.

 

Algunos aspectos que seguramente serán profundizados y ampliados por la jurisprudencia son la indemnización por daño moral y el reconocimiento, bajo ciertas condiciones, del lucro cesante ante determinados daños producidos por la actividad estatal legítima.

 

Por otra parte, creemos que, en la práctica, la prohibición de aplicar astreintes contra el Estado, sus agentes y funcionarios, impactará negativamente contra la fuerza obligatoria de los fallos judiciales.

 

De todas formas, entendemos que el paso del proyecto por la Cámara de Senadores a principios del próximo período de sesiones, no traerá dolores de cabeza para el oficialismo, que cuenta con los votos suficientes para aprobarlo sin complicaciones.


(*)Abogado litigante. Magister en Derecho Penal (UB), Especialista en Derecho Administrativo Económico (UCA), Derecho Constitucional (UCA) y Derecho Procesal (USAL). Profesor por concurso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en las cátedras de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional y titular contratado en la materia Derecho Administrativo de la Academia Superior de Estudios Penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal. Ex asesor legal de los ministerios de Defensa y Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Apoderado de la Provincia de Santa Cruz.

 

 

[1] Art. 1764 del Anteproyecto: El Estado responde, objetivamente, por los daños causados por el ejercicio irregular de sus funciones, sin que sea necesario identificar a su autor. Para tales fines se debe apreciar la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño.

[2] Art. 1765 del Anteproyecto: El funcionario y el empleado público son responsables por daños causados a los particulares por acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular de su cargo. Las responsabilidades del funcionario o empleado público y del Estado son concurrentes.

[3] Art. 1766 del Anteproyecto: El Estado responde, objetivamente, por los daños derivados de sus actos lícitos que sacrifican intereses de los particulares con desigual reparto de las cargas públicas. La responsabilidad sólo comprende el resarcimiento del daño emergente; pero, si es afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación del valor de las inversiones no amortizadas, en cuanto hayan sido razonables para su giro.

[4] Art. 1766 del Proyecto: Los hechos y omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.

[5] CSJN, Tomás Devoto y Cía. S.A. c. Gobierno Nacional, 1933, Fallos 169:111.

[6] CSJN, Bates Stokes y Cía. c. Gobierno Nacional, 1864, Fallos 1:259.

[7] CSJN, Seste y Seguich c. Gobierno Nacional, 1864, Fallos 1:317.

[8] Art. 1113: La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirven, o que tienen a su cuidado.

En los supuesto de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable.

[9] Art. 1109: Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil.

Cuando por efecto de la solidaridad derivada del hecho uno de los coautores hubiere indemnizado una parte mayor que la que le corresponde, podrá ejercer la acción de reintegro. [Párrafo agregado por Decreto-ley 17.711]

[10] Art. 43 (texto anterior a la reforma del Decreto-Ley 17.711): No se puede ejercer contra las personas jurídicas, acciones criminales o civiles por indemnización de daños, aunque sus miembros en común, o sus administrados individualmente, hubieran cometido delitos que redundaran en beneficio de ellas.

[11] CASSAGNE, Juan C., Derecho Administrativo, 7ª ed., Buenos Aires: Lexis Nexis, t. 1, p. 281.

[12] Art. 1112: Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos en las disposiciones de este título.

[13] CSJN, Ferrocarril Oeste c. Provincia de Buenos Aires, 1938, Fallos 182:5.

[14] CSJN, Vadell, Jorge Fernando c. Provincia de Buenos Aires, 1984, Fallos 306:2030.

[15] La falta de servicio es una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, lo cual entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño [CSJN, Zacarías, Claudio H. c. Provincia de Córdoba y otros s. sumario, 1998, Fallos 321:1124].

[16] CSJN, Tejedurías Magallanes S.A c. Administración Nacional de Aduanas, 1989, Fallos 312:1656.

[17] El requisito del \"sacrificio o perjuicio especial\", se relaciona con aceptar (como lo hace, p. ej., Marienhoff) o no, al perjuicio \"general\" como indemnizable. Se ha dicho al respecto que, como regla, la Administración deberá responder por sus hechos o actos lícitos frente a los administrados, si generan en estos una carga o sacrificio especial, de tal manera que la situación del administrado queda individualizada, destacada, respecto de la del resto de la comunidad en lo que al soporte de dichas cargas se refiere. P. ej., la revocación de un permiso para construir una obra como sucedió en el caso Promenade S.R.L. c. Municipalidad de San Isidro s. demanda contencioso administrativa, fallado en 1989 (Fallos 312:1394).

En ese sentido, Lima y Sama explican que \"la responsabilidad del Estado derivada de su accionar legítimo implica la necesaria existencia de un sacrificio especial que el particular deberá demostrar. De otro modo se estaría atentando contra el bien común al pretender una de las partes del todo comunitario, excluirse sin título válido de las obligaciones de soportar las cargas que impone la vida en común [LIMA, Juan y SAMA, Alberto M., \"La responsabilidad del Estado por su accionar lícito: los requisitos para su procedencia\", E.D. 150:97.

[18] CSJN, Columbia S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda c. B.C.R.A. s. daños y perjuicios, 1992, Fallos 315:1026.

[19] CASSAGNE, ob. cit. pp. 500/501; COMADIRA, Julio R., \"Improcedencia del lucro cesante en casos de responsabilidad del Estado por obrar administrativo lícito: fuerza expansiva de los principios de la expropiación\", en CASSAGNE, Juan C. (dir), Derecho Administrativo (Homenaje a Miguel S. Marienhoff), Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1998, p. 461; MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, 6ª ed., Buenos Aires, Lexis Nexis, t. IV, p. 758; TRIGO REPRESAS, Félix A., Tratado de la responsabilidad civil, Buenos Aires: La Ley, t. IV, 2005, p. 157.

[20] ALTERINI, Atilio A., Lesión al crédito y responsabilidad del Estado, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1990, p. 81; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Los dilemas de la responsabilidad civil, Revista Chilena de Derecho, Vol. 28, Nº 4, pp. 671/679 (2001), sección Estudios.

[21] Ley 21.499.

[22] CSJN, Cantón, Mario Elbio c. Gobierno Nacional, 1979, Fallos 301:403.

[23] CSJN, Laplacette, Juan y otros c. Provincia de Buenos Aires, 1943, Fallos 195:66.

[24] CSJN, Corporación Inversora Los Pinos S. A. c. Municipalidad de Buenos Aires, 1975, Fallos 293:617.

[25] CSJN, Motor Once S.A.C.I. v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1989, Fallos 312:649.

[26] CSJN, Eduardo Sánchez Granel Obras de Ingeniería S.A.I.C.F.I. c. Dirección Nacional de Vialidad, 1984, Fallos 306:1409.

[27] CSJN, Jucalan Forestal Agropecuaria S.A. c. Provincia de Buenos Aires, 1989, Fallos 312:2266.

[28] Art. 4037 (texto según Decreto-Ley N° 17.711): Prescríbese por dos años la acción por responsabilidad civil extracontractual’. Tal es la norma a aplicar y tal el lapso dentro del cual prescríbese la responsabilidad extracontractual del Estado.

[29] CSJN, Harriet, Juan A. y otros c. Provincia de Córdoba y otros s. indemnización, 1985, Fallos 307:771.

[30] CSJN, Astuena, Norman Juan c. Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional), 1991, Fallos 314:1862.

[31] MARIENHOFF, ob. cit., p. 850.

[32] CASSAGNE, ob. cit., p. 300.

[33] CSJN, Barreto, Alberto Damián y otra c. Buenos Aires, Provincia de y otro s. daños y perjuicios, 2006, Fallos 329:759.

[34] Debemos recordar que, además de los requisitos fijados a nivel constitucional para que quede habilitada la competencia originaria del a Corte Suprema, el decreto N° 1285/58 exige la verificación de una \"causa civil\". Son precisamente estos términos, los que el Máximo Tribunal definió en \"De Gandia\" y reformuló en \"Barreto\".

[35] CSJN, De Gandía, Beatriz Isabel c. Buenos Aires, Provincia de s. indemnización por daño moral, 1992, Fallos 315:2309.

[36] Art. 121: Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.

[37] Y a modo de obiter, y en lo que parecería convertirse en la regla en la materia, la Corte nos recuerda que declina su competencia originaria cuando, pese a ser parte una provincia y a estar en tela de juicio de modo predominante una cuestión federal, la decisión del caso imponga concurrentemente el tratamiento de puntos del derecho público local.

[38] CSJN, Zulema Galfetti de Chalbaud e Hijos Sociedad de Hecho c. Santa Fe, Provincia de s. daños y perjuicios, 2006, Fallos 329:1603.

[39] CSJN, Krinsky, Dina Ruth c. Río Negro, Provincia de s. daños y perjuicios, 2006, Fallos 329:1684.

[40] CSJN, Contreras, Carlos Walter c. Buenos Aires, Provincia de s. daños y perjuicios, 2006, Fallos 329:1311.

[41] CSJN, Aguilar, Patricia Marcela c. Rey, Héctor y otra (Provincia de Buenos Aires) s. daños y perjuicios, 2006, Fallos 329:2069.

[42] CSJN, Blackie, Paula Yanina y otros c. Córdoba, Provincia de s. daños y perjuicios, 2006, Fallos 329:3065.

[43] CSJN, Securfin S.A. c. Santa Fe, Provincia de s. daños y perjuicios, 2007, Fallos 330:3447.

[44] CSJN, Entre Ríos, Provincia de c. Amado, Héctor y otra s. daños y perjuicios, 2009, Fallos 332:97.

[45] CASSAGNE, ob. cit., p. 263.

[46] CSJN, Nación c. Besana, Pablo y otros, 1938, Fallos, 182: 502.

[47] CSJN, Ganadera ¨Los Lagos¨ S.A. c. Nación Argentina, 1941, Fallos 190:142; JP Morgan Chase Bank NA (Sucursal Buenos Aires) c. Banco Central de la República Argentina s. proceso de conocimiento, 2011, Fallos 334:837.

[48] CSJN, S.A. Organización Coordinadora Argentina c. Secretaría de Inteligencia de Estado, 1998, Fallos 321:174.

[49] BANDEIRA DE MELLO, Celso A., Curso de Derecho Administrativo, 1ª ed. en español, México: Porrúa, 2006, pp. 845 y 848.

[50] Ley 30/1992, modificada parcialmente por Ley 13/1999.

[51] GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, 1ª ed. argentina, Buenos Aires: La Ley, 2006, t. II, p. 374.

[52] GORDILLO, Agustín, Tratado de derecho administrativo y obras selectas, Buenos Aires, F.D.A., 2013, p. VIII-2. Ampliar en \"La responsabilidad del Estado en la práctica,\" en Responsabilidad del Estado. Jornada de homenaje a la Profesora Titular Consulta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Dra. María Graciela Reiriz, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2008, pp. 3-12.

[53] Art. 47: Todos los funcionarios y empleados de la Provincia son individualmente responsables de las faltas o delitos cometidos en el desempeño de sus cargos, no pudiendo excusar su responsabilidad civil, penal y/o administrativa en la obediencia debida ni en el estado de necesidad.

[54] Art. 48: No obstante la responsabilidad personal del agente, la Provincia responde subsidiariamente por el daño civil ocasionado por sus empleados y funcionarios en el desempeño de sus cargos, por razón de la función o del servicio prestado.

[55] Art. 14: Todos los funcionarios públicos, aún el Interventor Federal, prestan juramento de cumplir esta Constitución y son responsables civil, penal, administrativa y políticamente. Al asumir y cesar en sus cargos deben efectuar declaración patrimonial conforme a la ley. El Estado es responsable por los daños que causan los hechos y actos producidos por todos sus funcionarios y agentes.

[56] Art. 76: La Provincia y sus agentes son responsables del daño que éstos causaren a terceros por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, a menos que los actos que lo motiven hubieran sido ejecutados fuera de sus atribuciones, en cuyo caso, la responsabilidad será exclusiva del o los agentes que hubieran originado el daño.

La Provincia podrá ser demandada sin necesidad de autorización ni reclamos previos si fuera condenada a pagar sumas de dinero, sus rentas no podrán ser embargadas a menos que la Legislatura un hubiera arbitrado los medios para efectivizar el pago durante el período de sesiones inmediato a la fecha en que la sentencia condenatoria quedara firme. Los bienes afectados a servicios públicos, en ningún caso podrán ser embargados.

La ley no podrá disponer quitas, esperas, remisión o pagos que no fueran con moneda de curso legal, de deudas por daños a la vida, la salud o la moral de las personas, indemnizaciones por expropiación y remuneraciones de sus agentes y funcionarios.

El Estado provincial, demandado por hechos de sus agentes, deberá recabar la citación a juicio de éstos para integrar la relación procesal, a efectos de determinar las responsabilidades que les competan. El funcionario o representante que omitiera tal citación responderá personalmente por los perjuicios causados, sin menoscabo de las sanciones que les pudieron corresponder.

[57] Art. 69: Todos los funcionarios públicos, electivos o no, aun el Interventor Federal, en su caso, son solidariamente responsables con el Estado por los daños y perjuicios a que dé lugar el mal desempeño de sus funciones. En tales supuestos debe accionarse contra el responsable para que indemnice al Estado los daños que con su actuación le haya irrogado. El Estado y los municipios están obligados a hacer citar al juicio en que son demandados a los funcionarios o ex funcionarios que se encuentren en las condiciones precedentes y a ejercitar la pertinente acción de repetición.

[58] Art. 25: Todo funcionario o empleado de la Provincia a quien se impute la comisión de un delito de acción pública en el desempeño de su cargo, está obligado bajo pena de destitución, a promover querella criminal contra el acusador y a continuarla hasta la sentencia. Para la tramitación de esta querella, gozará del beneficio del proceso gratuito.

Los funcionarios y empleados serán personalmente responsables por los daños causados a la Provincia, o a terceros, por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones.

[59] Art. 10: 1. Toda persona que ejerce cargo público es responsable de sus actos conforme a las disposiciones de esta Constitución y la ley.

2. El Estado responde por el daño civil ocasionado por sus funcionarios y empleados en el desempeño de sus cargos, por razón de la función o del servicio prestado, sin perjuicio de la obligación de reintegro por parte del causante.

[60] Art. 48: La Provincia es solidariamente responsable con sus agentes cuando éstos causaren daños a terceros por mal desempeño de sus funciones, a menos que los actos que los motiven hubieren sido ejecutados fuera de sus atribuciones.

[61] Art. 80: La Provincia y sus agentes son responsables del daño que éstos causaren a terceros por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

[62] Art. 81: La Provincia podrá ser ejecutada en la forma ordinaria si transcurrido un año de la fecha en que el fallo condenatorio hubiere quedado firme, la Legislatura no arbitrare los recursos para efectuar el pago.

Exceptúanse de esta disposición las rentas o bienes especiales afectados en garantía de una obligación de los servicios públicos.

[63] Art. 55: La Provincia y los municipios son responsables por sí y por los actos de sus agentes realizados con motivo o en ejercicio de sus funciones. Son demandados sin necesidad de autorización previa. Sus rentas y los bienes destinados al funcionamiento no son embargables a menos que el gobierno provincial o municipal no hubiera arbitrado los medios para efectivizar el pago en el ejercicio inmediato a la fecha en que la sentencia quedare firme.

[64] Art. 43: El que en ejercicio de funciones públicas viole por acción u omisión los derechos, libertades o garantías declaradas en esta Constitución o lesione los intereses confiados al Estado, es personalmente responsable de las consecuencias dañosas de su conducta con arreglo a las normas del derecho común en cuanto fueren aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado.

[65] Art. 5°: El Estado y, en su caso, sus funcionarios y empleados son responsables por los daños que ocasionen. Esta responsabilidad se extiende a los errores judiciales.

El Estado Provincial es plenamente justiciable sin necesidad de autorización previa, en los términos de las leyes pertinentes. Los embargos no pueden recaer sobre los bienes afectados a la función asistencial del Estado ni exceder en veinticinco por ciento de los recursos ordinarios.

[66] Art. 18: En la esfera del derecho público la Provincia responde hacia terceros de los daños por actos ilícitos de sus funcionarios y empleados en el ejercicio de las actividades que les competen, sin perjuicio de reembolso de éstos.

Tal responsabilidad se rige por las normas del derecho común, en cuanto fueren aplicables.

[67] Art. 188: Los funcionarios de los tres poderes del Estado Provincial, aun el Interventor Federal, de los entes autárquicos y descentralizados y de las municipalidades y comunas, son personalmente responsables por los daños que resulten de las violaciones a sus deberes y a los derechos que se enuncian en la Constitución Nacional, en la presente y en las leyes y demás normas jurídicas que en su consecuencia se dicten.

El Estado Provincial será responsable por los actos de sus agentes realizados con motivo o en ejercicio de sus funciones y estará obligado a promover acción de repetición contra los que resultaren responsables.

[68] Art. 75: Corresponde al Congreso: Inc. 12: 12. Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina: así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.

[69] PINTO, Luis C., \"El Poder Ejecutivo Provincial\", en HERNANDEZ, Antonio M. (Coord.), Derecho Público Provincial, Buenos Aires: Lexis Nexis, 2008, p. 418.

[70] REIRIZ, María G., \"Responsabilidad del Estado\" en AA.VV., El Derecho Administrativo Argentino, hoy, Buenos Aires: Ciencias de la Administración, 1996, p. 227.

[71] La iniciativa recibió luz verde con 129 votos a favor, 105 en contra y 2 abstenciones.

 



 

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