No existe marco legal adecuado, para la Transferencia de Tecnología a nivel contractual, denotándose una ausencia de ello en el actual decreto ley 304 del 2012 y su Reglamento 310 del propio año, impulsados como parte de los cambios para la implementación  de la política económica y social de Cuba., lo  que dificulta sistematizar aspectos jurídicos, vinculados a  elementos técnicos, financieros y comerciales conducentes al éxito de estos procesos de institucionalización jurídica.