Encabezado eft
ST Corrientes Daño al Medio Ambiente
Superior Tribunal de JusticiaCorrientes

En la ciudad de Corrientes, a los veintitrés días del mes de agosto de dos
mil trece, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia,
Doctores Alejandro Alberto Chaín y Fernando Augusto Niz, con la Presidencia del Dr.
Carlos Rubín, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Spagnolo, tomaron en
consideración el Expediente Nº EDC - 1217/11, caratulado: “DRI ALBERTO Y OTROS
C/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES Y LOGISTICA
URBANA S.A. S/ AMPARO”. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación:
Doctores Carlos Rubín, Alejandro Alberto Chaín y Fernando Augusto Niz.
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
SE PLANTEA LA SIGUIENTE:
C U E S T I O N
¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN
AUTOS?
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE
DOCTOR CARLOS RUBIN, dice:
I. A fs. 204/211 la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de esta
ciudad dictó sentencia ordenando a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y a
Logística Urbana S. A. que en el término de 6 meses procedan a limpiar el predio situado
en el km. 1025 de la Ruta 12, bajo la supervisión del Instituto Correntino del Agua y el
Ambiente, el que deberá certificar la ausencia de peligro, al finalizar la obra. Disconforme,
el Municipio capitalino dedujo a fs. 217/220 vta. el recurso de apelación en tratamiento.
II. El a quo para así decidir entendió que la pretensión actoral de
cese del ingreso de residuos fue satisfecha, conforme la sentencia homologatoria de fs.
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
 PLANTEA LA SIGUIENTE:
C U E S T I O N
¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN
AUTOS?
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE
DOCTOR CARLOS RUBIN, dice:
I. A fs. 204/211 la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de esta
ciudad dictó sentencia ordenando a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y a
Logística Urbana S. A. que en el término de 6 meses procedan a limpiar el predio situado
en el km. 1025 de la Ruta 12, bajo la supervisión del Instituto Correntino del Agua y el
Ambiente, el que deberá certificar la ausencia de peligro, al finalizar la obra. Disconforme,
el Municipio capitalino dedujo a fs. 217/220 vta. el recurso de apelación en tratamiento.
II. El a quo para así decidir entendió que la pretensión actoral de
cese del ingreso de residuos fue satisfecha, conforme la sentencia homologatoria de fs.
171/172, que se encuentra firme y consentida. Encontrándose pendiente de
pronunciamiento jurisdiccional el reclamo de limpieza, que quedó supeditada a las resultas
del informe técnico que fuera evacuado a fs. 181 vta., por el Director del Centro de
Ecología Aplicada del Litoral, dependiente del CONICET, expresando "[…] que la basura
depositada en el terreno ubicado en la ruta 12 Km 1025, que da origen a su oficio, debiera
ser removida del predio y trasladada a un sitio apto para su deposición, luego de lo cual
debería restaurarse el terreno a las condiciones naturales que tenía previo a las operaciones
de excavación y deposición de residuos. El traslado de esta basura puede realizarse por los
mismos medios utilizados para depositarlos en este terreno".
Sostuvo que los demandados no han acreditado la obtención de la
evaluación de impacto ambiental establecida como requisito previo en la ley nacional N°
25.675 y en la provincial N° 5067, para la habilitación de un centro de disposición final de
residuos; siendo la autoridad de aplicación el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente,
conforme el decreto ley N° 212/01.
Corroboró que en el predio de ruta 12 km. 1025, la empresa
Logística Urbana S.A. había arrojado residuos en "trincheras", excavaciones de grandes
dimensiones y profundidad, una de las cuales ya había sido ocupada íntegramente y tapada
con una capa de tierra, con lo que indudablemente se había producido una alteración
significativa del ecosistema del lugar, el que no estaba habilitado para tales fines y cuya
magnitud no puede precisarse al no contar con la evaluación y el control del organismo
pertinente. Por lo que entendió que los responsables deben restablecer las cosas al estado
anterior a su producción, conforme determinan los arts. 27 y 28, en salvaguarda del derecho
a gozar de un ambiente viable y saludable, o en caso de no ser posible, pagar una
indemnización sustitutiva. Finalmente concluyó que se trataba de un caso de
responsabilidad solidaria con relación al daño ambiental causado en virtud del art. 31, todos
de la Ley General del Ambiente.
III. La recurrente se agravia aduciendo violación del principio de ///
preclusión y de la garantía del debido proceso, porque el presente proceso culminó con la
sentencia N° 2/12 que obra a fs. 171/172, homologatoria del acuerdo formalizado por las
partes a fs. 126, que pasó en autoridad de cosa juzgada.
No obstante reconocer que las partes se comprometieron a requerir
informe técnico al CECOAL, para que evalúe la conveniencia de retirar los residuos
depositados en el predio, afirma que la jurisdicción se inmiscuyó en cuestiones preclusas
que fueron objeto de conciliación, por lo que entiende que es en ese marco donde las partes
deberían decidir la forma, el plazo, costos y quien realizaría el trabajo.
Imputa incongruencia porque en el referido acuerdo no se precisó
quien eventualmente debería retirar los residuos, por lo que erróneamente se carga a su
parte tal quehacer.
Resiste la idoneidad del amparo para ventilar el caso, afirmando
que ningún daño grave e irreparable se le causaría a la actora remitiendo la cuestión a los
procedimientos ordinarios.
Finalmente se agravia de la forma en que se impusieron las costas,
alegando que el principio objetivo de la derrota no resulta aplicable en el caso, porque la
litis concluyó en el marco de un acuerdo conciliatorio en el que nada se estipuló al respecto.
IV- El recurso cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad,
por lo que corresponde abordar su procedencia o no. En este quehacer, me permito alterar
por razones metodológicas, el orden en que fueron vertidos los agravios.
V. La queja referida a la falta de idoneidad de la vía es inaudible.
En tal sentido Rivas sostiene que si bien los jueces están habilitados para señalar el tipo de
proceso aplicable, no pueden privar a los justiciables del uso de una garantía constitucional
específicamente establecida para defender sus derechos, de ahí que no pueden imponer
sino una solución de mayor entidad y contundencia que la elegida por el demandante
(Rivas, Adolfo A., "El amparo", ed. La Rocca, Bs. As., 2003, p. 250), en cuyo caso la
evaluación de la idoneidad de las vías procesales sustitutivas, en palabras de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, "[…] no puede fundarse en una apreciación meramente
ritual e insuficiente toda vez que la institución del amparo tiene por objeto una efectiva
protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias" (Fallos 320:
2711).
En el caso, el recurrente debió analizar y expresar de qué modo el
procedimiento ordinario resultaba efectivamente más apto para defender sus derechos, y no
limitarse a esgrimir el standard de la excepcionalidad. En palabras de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, "El mero señalamiento de la existencia de otras vías procesales
implica desconocer que no se debe resistir dogmáticamente la admisibilidad del amparo
para ventilar un asunto que, como cualquier otro que se promueva a través de esa acción,
contaría con dichas vías alternativas, pues de otro modo cabría considerar que el art. 43 de
la Constitución Nacional establece una garantía procesal que resulta intransitable" (Fallos
331: 1755).
Máxime cuando -como en la especie- está involucrado el bloque
normativo ambiental integrado por los arts. 41 y 43 de la Constitución nacional; 67 de la
Carta Magna local; ley nacional 25.675 y la ley provincial 5067, y los principios
hermenéuticos de congruencia, prevención, precautorio, intergeneracional, progresividad,
responsabilidad, subsidiaridad, sustentabilidad y solidaridad que orientan dicho plexo
normativo; como asimismo, el derecho a vivir en un medio ambiente sano (arts. 11 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana, "Protocolo de San Salvador"; y normas
referidas), que permiten el acceso a la justicia en forma rápida a fin de obtener tutela
preventiva y reparatoria, por recomposición del medio ambiente, el que es concebido como
bien social, constitucionalmente tutelado.
VI. La aducida violación al principio de preclusión y del debido
proceso son improcedentes, por las siguientes razones.
El escrito básico refiere que la acción tiene por objeto hacer "[…]
CESAR EL DEPOSITO DE BASURAS en el predio sito en RUTA 12 Km. 1025", y
"RETIRO Y LIMPIEZA DEL PREDIO que recibió el depósito de los camiones
recolectores de basura […]" (vide fs. 2), pretensiones que fueron ratificadas en la audiencia
de conciliación que culminara con el Acta agregado a fs. 126 y vta..
En esa actuación se plasmó la voluntad del Municipio de no
realizar depósitos de residuos en ese predio, y la necesidad de solicitar informe técnico al
CECOAL para que precise la necesidad o no de efectuar la limpieza del predio y el
procedimiento más eficaz para hacerlo.
Ésta fue homologada mediante sentencia N °2/12, puntualizando
que "sólo se acordó que no se continuaría depositando residuos en ese predio", rubro sobre
el que también se dijo "[…] nada tiene Logística Urbana" que opinar, ni decir, ni consentir
o no", ya que no tiene interés jurídicamente tutelable.
Del relato precedente surge la ausencia de los vicios atribuidos,
porque el punto sobre el que la jurisdicción se expidió integraba la Litis, y además lo hizo
tal como se lo presentó en la audiencia, que culminó con la sentencia homologatoria y
luego de efectuar el trámite ahí introducido, actos procesales convalidados por la ahora
apelante.
VII. Igual suerte corre la atribuida incongruencia porque en el
referido acuerdo no se precisó quien eventualmente debiera retirar los residuos, ergo
erróneamente se carga a su parte tal quehacer.
Si bien le asiste razón en cuanto en el acuerdo no se precisó a cargo
de quien estaría el saneamiento del terreno, no es menos cierto que fue así porque esa tarea
dependía del informe incorporado posteriormente a fs. 181, fecho lo cual se procedió a
disponer la limpieza de la propiedad en ciernes.
Por otra parte la recurrente debe tener presente que, con sustento
en los artículos 27, 28 y 31 de la ley 25675, el a quo dispuso "ordenar a la Municipalidad
de la Ciudad de Corrientes y a Logística Urbana S.A. a que en el término de 6 (seis) meses,
desde la notificación de la presente, procedan a la limpieza del predio […]". A esta
solidaridad establecida por decisión judicial (art. 700 del C.C.), la encuentro avalada
además por los principios de congruencia, subsidiaridad y solidaridad que informan la Ley
General del Ambiente.
De ahí la sinrazón de la queja esgrimida, sin perjuicio de las
acciones que pudieran corresponder en el marco bilateral, a fin de hacer valer los derechos
emergentes del vínculo que une a las partes, y conforme lo determinado en materia de
responsabilidades por el Código Civil, las que tendrán que resolverse de acuerdo al mismo.
Su reclamo respecto a la distribución de las costas es inatendible,
en razón de reflejar sus dichos la mera disconformidad con la forma en que estas fueron
impuestas en la instancia anterior, sin haber rebatido el argumento legal en virtud del cual
se le atribuyeron las mismas.
Por ello, de ser compartido este voto por mis pares, corresponderá
rechazar el recurso de apelación interpuesto por la codemandada Municipalidad de la
Ciudad de Corrientes, e imponer las costas en el orden causado. Se fijan los honorarios del
Dr. José Grando, en calidad de Monotributista ante el IVA, en el 30% de lo que
oportunamente se precise por la labor en primera instancia (arts. 2, 8 y 14 de la ley 5822).
Así voto.
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO
DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAIN, dice:
Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Carlos Rubín, por
compartir sus fundamentos.
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO
DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:
Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Carlos Rubín, por
compartir sus fundamentos.
En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia
dicta la siguiente:
SENTENCIA Nº 212
1°) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la
codemandada Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, e imponer las costas en el orden
causado. 2°) Fijar los honorarios del Dr. José Grando, en calidad de Monotributista ante el
IVA, en el 30% de lo que oportunamente se precise por la labor en primera instancia (arts.
2, 8 y 14 de la ley 5822). 3°) Insértese y notifíquese.
Fdo: Dres. Carlos Rubin-Alejandro Chain-Fernando Niz.

 

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