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Comisión Interamericana de DDHH cuestionó actividad de espionaje de EEUU

Comisión Interamericana de DDHH cuestionó actividad de espionaje de EEUU

Federico Berti. Artículo publicado en revista Ciudad Nueva de Argentina, www.ciudadnueva.org.ar

         

Por primera vez, durante la audiencia ante la CIDH, fue fiscalizada la actividad de las agencias de inteligencia norteamericanas y se manifestó preocupación por la legitimidad, la falta de garantías y de control por parte del poder judicial.

Federico Berti

El 04.11.2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó al gobierno de Estados Unidos sus inquietudes acerca de la legitimidad de las prácticas de espionaje masivo llevadas a cabo por sus agencias de inteligencia, y en ausencia de las suficientes garantías para los derechos humanos de las personas vigiladas.

Junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos —con cuya sigla guarda cierto parecido—, la Comisión es parte del sistema de protección de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La audiencia ante la CIDH ha sido la primera ocasión en la que el gobierno de Estados Unidos se ha enfrentado a una fiscalización por parte de la comunidad internacional sobre su actividad de interceptación de información. En la misma, se ha señalado la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de la seguridad nacional y la garantía de la privacidad y la libertad de expresión, y abogar por un refuerzo de los mecanismos de supervisión judiciales y legislativos para evitar que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) vulnere las libertades civiles, no sólo de los ciudadanos estadounidenses sino de los extranjeros, a los que también se les han intervenido sus comunicaciones.

La audiencia fue convocada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en su sigla en inglés) y participó de ella Frank La Rue, quien se desempeña como relator especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, quien manifestó la preocupación internacional que ha suscitado la vulneración del equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la seguridad por las prácticas de espionaje de EEUU.

Según La Rue, la vigilancia masiva e indiscriminada de los servicios de inteligencia estadounidenses se verifica sin un aparente control institucional por parte del poder judicial y del Congreso, lo cual corre el riesgo de convertirse en un sistema de intimidación masiva que puede desembocar en una forma de censura general. “La vigilancia siempre ha existido y es legítima siempre que se realice conforme al debido proceso”, ha señalado el relator de la ONU. “Pero si se empiezan a perder los controles, si ya no hay supervisión judicial o si las órdenes de autorización abarcan comunicaciones masivas a nivel internacional, se corre el riesgo de que eso se convierta en un elemento intimidatorio que se vuelva en contra de los derechos de los ciudadanos y de la propia democracia”, ha advertido La Rue.

También la relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero ha señalado su preocupación por la ausencia de límites a los objetivos de esa vigilancia, por los informadores y la necesidad de prever controles para el programa de espionaje. “Querríamos conocer los presupuestos de los que se parte para reformar el Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera. Hay una falta de información y deseamos saber qué medidas se están adoptando para que esta corte tenga más capacidad para ejercer sus función”, ha señalado Botero, quien también ha manifestado su interés sobre la recopilación de metadatos en la prensa “para que no afecte a su capacidad de hacer su trabajo y mantener la privacidad de las fuentes”.

Si bien durante el debate no ha sido cuestionada la actividad de garantizar la seguridad, los representantes de la ACLU han destacado que las filtraciones del ex analista de la CIA Edward Snowden indican que la actividad de búsqueda y recopilación de información de las agencias de inteligencia iba bastante más allá de esa necesidad. Tanto la ACLU como La Rue han invitado a la administración de Estados Unidos a considerar la universalidad de los derechos civiles violados por las prácticas de espionaje, en clara oposición con la legislación estadounidense aducida por la NSA para avalar sus prácticas, que sólo garantiza las libertades de sus compatriotas. “Los derechos humanos son universales, son un estándar mínimo para todo el mundo, sin importar su raza, cultura, lengua o nacionalidad, y este principio de universalidad es el que impide que hagamos excepciones y se creen ciudadanos de segunda”, afirmó La Rue, quien añadió: “quisiera saber si ha habido alguna reflexión al respecto a la hora de plantear los programas de vigilancia”.

Los representantes de la administración estadounidense presentes en la audiencia eludieron aclarar todas las peticiones y cuestiones que se les han formulado, alegando que el reciente problema de presupuesto del gobierno les impidió prepararse al respecto. Una excusa que varios relatores de la Comisión han interpretado como una muestra de la indiferencia de Washington por el organismo de defensa de derechos humanos de la OEA. “Los problemas coyunturales e internos de un país no son una justificación para no dar explicaciones ante instancias internacionales”, les ha recriminado Rodrigo Escobar Gil, relator de la CIDH para los derechos de las Personas Privadas de Libertad.

La actividad de espionaje ha provocado mucho malestar incluso entre los aliados de Estados Unidos, entre ellos Alemania, cuya canciller (Jefa de Gobierno) Angela Merkel descubrió que su propio celular había sido intervenido, lo cual motivó su protesta ante el presidente Barack Obama. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reaccionó exigiendo explicaciones formales por el propio presidente estadounidense, y en el plazo de una semana, ante la noticia de haber sido espiada junto al equipo de asesores que trabaja con ella. Las explicaciones no llegaron y Rousseff suspendió su visita oficial a Estados Unidos. También el presidente francés, François Hollande, expresó su malestar por haber padecido el mismo tratamiento, y como él los gobiernos de España e Italia, entre muchos.

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