Encabezado eft
CAT Resistencia Sala II Demora judicial, valor Justicia, intereses
CAT Resistencia, Sala II Intereses, Tiempo de tramitación de la causa
///-la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los cinco (05), días del mes de noviembre de 2013 reunidos en la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, los Sres. Jueces: MARTHA C. RODRIGUEZ DE DIB y OSVALDO VERON, tomaron en consideración a fin de dictar sentencia los autos caratulados \"DELDO ANGEL IGNACIO C/ ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S/ Accidente de Trabajo, etc.\", Expte. Nº 275/2013, del registro de esta Sala Segunda, venidos en apelación del Juzgado del Trabajo de la  Nominación, bajo el Nº1292/09. Seguidamente la Sra. Juez  efectuó la siguiente relación de la causa: Adecuándose la efectuada por la Sra. Juez a-quo a las constancias de autos a ella me remito, dándola por reproducida en este acto. Por lo demás, la Sentencia Nº16, de fecha 27/03/13, obrante a fs. 214/225, que acoge la demanda deducida por el Sr. Deldo Angel Ignacio contra Asociart S.A. por la suma de $7.710,48 en concepto de intereses, impone costas a la demandada y difiere la regulación de honorarios. Disconforme con el decisorio interpone y funda recurso de apelación la parte demandada a fs. 226, 231/233, los que le son contestados por la parte actora a fs. 235/240. A fs. 246 se elevan autos a la Alzada, los que son radicados en esta Sala Segunda a fs. 249 y vta..Notificadas las partes a fs.253/254 y vta., se llama autos para dictar sentencia a fs. 256, obrando a fs. 256 y vta. constancia que determina el orden de emisión de votos de los Sres.magistrados intervinientes.-
El  Dr. Osvaldo Verón  prestó conformidad a la precedente relación de la causa.-
Seguidamente la Sala Segunda propuso a decidir la sentencia de fs.214/225, debe ser confirmada, modificada, revocada o anulada?
A LA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ MARTHA C. RODRIGUEZ DE DIB DIJO:
I.- La sentencia de primera instancia acoge la demanda deducida por el Sr. Deldo Angel Ignacio por considerar que corresponde le sean abonados intereses a la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a partir del dictamen de la Comisión Médica Nº 2 de fecha 30-03-2006.
Contra dicho pronunciamiento, deduce recurso de apelación la accionada expresando agravios a fs. 231/233. Fundamentalmente se agravia la recurrente por considera que la a-quo no tuvo en cuenta las defensas interpuestas por su parte; en especial, porque siendo la Superintendencia de Riesgos de Trabajo el organismo de control de las A.R.T., las resoluciones dictadas por dicho organismo son de cumplimiento obligatorio.  En el caso se verifican dos fijaciones de incapacidad, una del 6,50% de la total obrera, que su parte abonó en tiempo y forma y otra dictaminada en el ámbito del Juzgado Federal del 18,5%. El pago de dicha incapacidad no era exigible a la A.R.T. sino hasta su determinación en el ámbito de la justicia federal. Posteriormente, se agravia, porque a su ver la a-quo no evaluó que los intereses que se reclaman son accesorios del capital, por lo que extinguido el mismo quedan extinguidos los intereses, conforme el art. 525 del Código Civil. Indica que el art. 624 Código Civil dispone que el recibo del capital sin reserva alguna por los intereses extingue la obligación del deudor respecto de ellos. Se agravia porque el fallo condena a Asociart A.R.T. al pago de una suma de dinero en base a la planilla faccionada, quejándose porque considera erróneo calcular intereses desde la fecha en que se expidiera la Comisión Médica Nº 002 (30-03-2006) En este ámbito insiste en sostener que su parte abonó el monto indemnizatorio conforme a la incapacidad fijada por la Comisión Médica (6,5%). A ello se suma la circunstancia  que la actora sólo reclama intereses desde la fecha en que la A.R.T. puso el dinero a disposición del trabajador (21-04-2006), lo que torna improcedente la sentencia sobre montos no reclamados convirtiendo la misma en una sentencia ultra petita. Que durante dicho lapso la demandada no se encontraba en mora por lo que no debe interés alguno sobre la totalidad del capital ya que el 21-04-2006 se pagó la suma de $ 3.938,66 correspondientes al porcentaje de incapacidad determinados por la Comisión Médica Nº 002.De tal razonamiento surge que los intereses de capital calculados deberían ser sobre la base  de $ 7.271,21 desde el 21-04-2006. Sostiene que la a-quo incurrió en un error conceptual al tomar como base para la aplicación de los intereses el monto total de la suma pagada como indemnización ($ 11209,87) cuando debió tomarse como base $ 7.271,13, monto que resulta de la diferencia entre lo pagado por el dictamen de la Comisión Médica y lo resuelto por el Juzgado Federal, siendo ello lo reclamado por el actor; el cálculo debió realizarse sobre la diferencia de capital y no sobre la totalidad del capital, en consecuencia, queda evidenciada la incongruencia de la sentencia. Mantiene la reserva de la cuestión federal planteada en la contestación de demanda y de recurrir por la vía de los recursos de inconstitucionalidad  y de inaplicabilidad legal por afectar derechos y garantías de raigambre constitucional. Formula petitorio de estilo.
A fs. 235/240 luce contestación de agravios de la parte actora, en la cual expresa suscintamente que los intereses deben computarse desde que el daño quedó configurado definitivamente y si la sentencia es declarativa resulta enteramente procedente el cobro de los accesorios sin que la demora pueda perjudicar o empobrecer al trabajador. Cita jurisprudencia en virtud de la cual se resolvió que en materia de accidentes los intereses, a la par de las costas, son sólo un accesorio de la indemnización, son irrenunciables y debidos a partir del momento en que corresponde considerar como permanente a la incapacidad, aunque no exista mora del empleador, que abona sin demoras el monto de la indemnización con las actuaciones administrativas (CNTrab. Sala VI, 28-11-75, T.S.y S. 1976-230).Sostiene que  el caso que nos ocupa es idéntico al de aquel justiciable que obtiene de un tribunal de Alzada una sentencia por cobro de pesos revocatoria de una resolución desestimatoria en primera instancia, supuesto en el cual nadie pondría en tela de juicio la razonabilidad o justicia del derecho del vencedor al cobro de intereses desde que la deuda se hizo exigible y no desde el dictamen de Alzada. Los intereses son el precio por el uso del dinero ajeno que deberá admitirse como contraprestación para asegurar el equilibrio en la relación jurídica que generó la deuda. Cita jurisprudencia, sostiene que de admitirse la aplicación de la Resolución Nº 419/99 se cohonestará una inequidad manifiesta en perjuicio del trabajador, con afectación del valor justicia. Insistiendo en que las sentencias judiciales o resoluciones administrativas poseen efecto declarativo y no constitutivo por ello no puede sostenerse que el cómputo de intereses comience con la determinación por parte del órgano jurisdiccional de la incapacidad padecida por el damnificado. Señala que no existe desconocimiento en la aquo de las disposiciones del Código Civil, que éste no es un verdadero agravio, pues se trata de créditos insolutos de trabajadores, motivo por el cual no son enteramente aplicables aquellas normas. Finalmente en orden a la insinuada incongruencia del fallo, sostiene que el fundamento de la facultad de los jueces para sentenciar ultra petita reside en el art. 128 Ley 2383. Pide se rechace el recurso por ser la sentencia fundada y correcta en la apreciación de los hechos de la litis como asimismo en la aplicación e interpretación de la ley. Mantiene reserva Caso Federal y planteo recursos extraordinarios. Formula petitorio de estilo.-  
II.a.-Así planteada la cuestión,  inicialmente señalo que los agravios han de ser tratados en forma conjunta para dar integridad a la consideración del tema sometido a decisión: si en el caso bajo sus circunstancias, corresponde computar intereses y desde cuándo.
II.b.- A tal efecto, señalo que llega firme a esta instancia los siguientes datos: a) que el 24-01-01 el Sr. Angel Ignacio Deldo sufrió un infortunio en ocasión del trabajo que le ocasionó lesiones reconocidas por Asociart A.R.T.; b) Que dichas lesiones le produjeron, primeramente una incapacidad laboral temporaria; c) que el 30-03-2006 la Comisión Médica Nº 02 además del carácter laboral del accidente determinó que éste le produjo al trabajador una Incapacidad  Laboral Permanente , Parcial y Definitiva, estableciendo el porcentaje de la misma en un 6,5%.; d) la Aseguradora abonó la indemnización el 21-04-2006; e) que el actor apeló el porcentaje de incapacidad; f) que en fecha 10-06-2009 por Resolución del Juzgado Federal se revocó la resolución de la Comisión Médica Provincial Nº 002 y en consecuencia se elevó el grado de incapacidad a un 18,5%; g) que la A.R.T. el 22-07-2009 abonó la diferencia correspondiente.
De consiguiente, en el caso debe resolverse si ASOCIART debe o no los intereses de la indemnización de pago único devengada por la incapacidad permanente, parcial y definitiva, punto este resuelto afirmativamente por la a-quo y apelado por la A.R.T.
II.c.- Para dar respuesta al caso, computo que el carácter de Incapacidad Laboral Permanente, Parcial, y Definitiva quedó fijado con el dictamen de la Comisión Médica del 30-03-2006 y que si bien el actor debió transitar el camino que prevee la propia ley ante la disconformidad con lo dictaminado, no es menos cierto que su derecho estuvo irreversiblemente adquirido -consolidado- en el momento preindicado, especialmente, porque el procedimiento es el instaurado por la ley, cuando la víctima procura la reparación del infortunio acorde a la incapacidad que considera que realmente padece.
Este es un ángulo medular desde el cual debe sopesarse la validez de lo resuelto en origen, pues importaría un desatino el cálculo de intereses -como lo pretende la accionada- a partir de los 30 días desde que la prestación debió ser abonada o el capital depositado teniendo en cuenta para ello lo dictaminado en la justicia federal, fruto, como se expresara precedentemente, del camino que debió recorrer el actor para obtener el 18,5% de incapacidad, toda vez que el dictamen de la Comisión Médica Nº 002 ya le otorgó el carácter de incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva el 30-03-2006, tal lo que surge del Expediendo \"Deldo Angel Ignacio s/ Proc.Laboral art. 46 Ley 24557\" Expte.Nº 1616/06 reservado en resguardo de prueba inicial..-
Me detengo para señalar que las prestaciones de las cuales resultó acreedor el actor, son las establecidas por el art. 14 pto. 2 de la ley 24557 que establece que declarado el carácter de definitiva de la incapacidad laboral permanente el damnificado tiene derecho a las prestaciones allí consignadas.
En el marco de lo que vengo exponiendo, carece de total asidero la protesta del apelante, pues tratándose de la reparación de daños emergentes de un hecho ilícito debe admitirse la condena al pago de intereses (art. 1069 C. Civ) debiendo su curso liquidarse desde la fecha en que se produjo cada perjuicio objeto de la reparación (Fallos 250: 433; 298:223).
En el caso, se concreta con la consolidación jurídica que no es otra que aquella que surge al momento de la determinación de incapacidad por parte de la Comisión Médica.
Por ello, el resarcimiento se debe con mas los intereses correspondientes; de no adicionarse intereses las prestaciones serían insuficientes y por ende injustas por irrazonables. Digo así porque se trata de la aplicación concreta al caso del artículo 19 de la C.N. en virtud del cual rige un principio liminar de todo el ordenamiento jurídico: Alterum non laedere, es decir la prohibición de dañar a terceros vinculada con la idea de reparación.
Como colofón de lo que vengo exponiendo, resulta inadmisible la pretensión recursiva de la accionada, porque en los hechos comporta negarle al actor percibir intereses desde la consolidación del daño, lo que además importaría la licuación del crédito de naturaleza alimentaria y el consiguiente enriquecimiento o beneficio a favor del deudor en franca violación con el art. 21 inc. 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece\"Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa\".
Tampoco tiene razón la apelante cuando afirma que la a-quo desconoció las normas del Código Civil, toda vez que en el derecho laboral existe un régimen propio que regula el pago para que tenga efecto cancelatorio: el pago debe ser íntegro y oportuno y la renuncia a ningún derecho laboral se presume ni se puede convalidar (art. 12 y 58 L.C.T.).
En todo caso, todo pago inferior a lo debido se considera como pago a cuenta (art. 260 L.C.T.) y desde este punto de vista considero que las liquidaciones abonadas al actor en las fechas y montos indicadas, han sido producto de la decisión de la A.R.T. no consensuada y mucho menos homologada judicial o administrativamente (art. 15 L.C.T.).
Es más, el actor intimó telegráficamente por C.D. del 19-08-2009 (Sobre Pruebas demandada fs.3 y 16 de la actora) el pago de los intereses por lo que jamás puede afirmarse que el actor renunció al pago de los intereses y/o consintió que los montos que se le liquidaban extinguían la obligación.-
Es decir, la percepción de las sumas carecen de efecto cancelatorio de los intereses tal como lo pretende la demandada o si se prefiere, deben computarse los intereses que devenga la cancelación parcial por parte de la A.R.T. desde que se efectuó dicho pago en el monto de condena.
Sin perjuicio de lo expuesto, también debe ponerse de resalto que en modo alguno pueden hacerse jugar los pagos como cancelatorios pues amén de no existir, como quedó expuesto, el ánimo cancelatorio, va de suyo que los pagos parciales se realizaron en el ámbito laboral a cuenta de lo adeudado -art. 260 L.C.T.-, resultando indudable la forma en que los mismos deben imputarse.
En efecto, existe una férrea limitación que establece el arts.776 del Código Civil, al no poder -sin el consentimiento del acreedor- imputar el pago al capital estableciéndose que :\"Si el deudor debiese capital con intereses, no puede, sin consentimiento del acreedor, imputa el pago al principal \".-
De consiguiente, haciendo mérito de otros tramos del recurso, en especial del último agravio, y teniendo en cuenta la forma en que fuera faccionada la liquidación por la a-quo, dable es concluir que los pagos parciales efectuados por la A.R.T. han sido correctamente imputados, primeramente a los intereses que se debían y luego a capital (art.777 Cód. civil), por lo que el monto de condena es correcto.
Tampoco empece a lo expuesto la otra argumentación que esgrime la quejosa vinculada con el principio de congruencia, toda vez que los intereses que se deben a los trabajadores son irrenunciables porque están imbuidos del mismo carácter de orden público que tiñe los créditos laborales. Es decir, que son imperativos, forzosos y no pueden presumirse, (tal como lo pretende el apelante), su renuncia (art. 58 L.C.T.)
En este marco, carecen de asidero las protestas en torno a que la a-quo hubiera fallado con afectación del principio de congruencia, toda vez que el art. 128 de la ley 2383 autoriza al juez laboral a fallar \"ultra petita\" en el marco de la pretensión deducida, en el caso, el pago de intereses. Se ha expresado, por esta Sala que:\"...Al caso viene esta digresión, para poner de manifiesto, que a despecho de lo que entiende la apelante, la juez a-quo no dictó una sentencia \"extra petita\" (lo que supone decidir una pretensión que no está en el juicio), sino \"ultra petita\", lo que según se ha visto, constituye el ejercicio de una facultad que le es privativa.....En suma, soy de opinión, que la juez a-quo, como intérprete de las relaciones jurídicas y en ejercicio de su facultad de fallar \"ultra petita\", procedió a hacer justicia. Lo que no otra cosa importa que la recta determinación de lo justo \"in concreto\",  que sólo puede lograrse conjugando el derecho con los elementos probatorios incorporados al proceso, tal lo actuado, a mi modo de ver, por la sentenciante.\"( del voto del Dr. Osvaldo Verón Sentencia Nº42 (30-07-2009)\"Bellini Hector Osvaldo c/ Asociación Chaqueña de Anestesiologia y/o  Quien Resulte Responsable S/ Despido, etc.\", Expte. Nº 97/2009). Este criterio resulta enteramente aplicable al caso pues admitir lo contrario implicaría dejar de lado la verdad jurídica objetiva que es el norte de todo proceso a la par que irrogar un daño injusto al trabajador accidentado.-
Por lo demás, la conclusión a la que se arriba proviene del estricto cumplimiento de los principios de interpretación que marca la L.C.T. (art. 11) teniendo en cuenta que en todo caso rige la interpretación  mas favorable al trabajador, de consuno al art. 9 L.C.T., a lo que cabe agregar el principio de \"progresividad unidireccional\" que invalida toda medida que disminuya el grado de protección alcanzado en el orden jurídico interno, vale decir que la aplicación que pretende la apelante implica una regresión en el grado de tutela del trabajador a tenor de lo expuesto en apartados anteriores .-
Finalmente, tampoco convence el argumento que trae ahora la A.R.T. en relación a la aplicación de la Resolución Nº 419/99, toda vez que a tenor de lo expuesto, esta norma de rango inferior -Resolución de Superintendencia- no cumple con el art. 622 del Código Civil;  resultando reprochable constitucionalmente toda vez que importa el ejercicio de funciones legislativas por parte de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en abierta contradicción con el art. 75 C.N. irrogando un grave perjuicio a los damnificados.-
Sin embargo, lo que más hiere el valor  justicia, es que no puede dejarse de lado el largo camino que debió recorrer el trabajador actor para procurar que se le fije la incapacidad que le correspondía con posterioridad al dictamen de la Comisión Médica (30-03-2006) ya que el Juzgado Federal recién se expide el 10-06-2009, es decir tres años después, y ésta situación, si se aplica la resolución Nº 419/99 como pretende el accionado, tomando como punto de partida la fecha de la resolución del Juzgado Federal, provocaría una licuación de la deuda, una injustificada pulverización del crédito todo lo cual obsta a considerar constitucionalmente válida la resolución atacada por aplicación de los arts. 19 C.N. y 21 inc. 2º Convención Americana sobre Derechos Humanos,  en el marco de las facultades propias de todo juez  toda vez que desde \"Madbury vs. Madison\" se sabe que cuando una norma y la Constitución se encuentran en conflicto, debe primar la Constitución sobre la norma (confr. CSJN Fallos 32:120). Es más, la C.I.D.H. en el caso \"Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú \"(24-11-2006 párrafo 128) dejó establecido que el Poder Judicial debe ejercer no sólo un control de constitucionalidad sino tambien de convencionalidad ex-oficio entre las normas internas y la Convención interamericana, reiterando criterio en \"Ipsen Cárdenas e Ipsen Peña vs. Bolivia (1-09-2010 párrafo 202).
De lo expuesto se concluye en que, habiendo quedado palmariamente demostrado el perjuicio que  irroga al trabajador la postura que sustenta la A.R.T., sus agravios no pueden prosperar pues la a-quo calculó intereses correctamente e imputó  los pagos realizados siguiendo el orden legal (art. 260 L.C.T. y 776 y 777 Cód. Civ.). Se desestiman los agravios.-
III.- COSTAS Y HONORARIOS DE ALZADA: Al apelante en su calidad de vencida (confr. art. 129 Ley 2383), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 11 Ley 2011 t.o.) a fin de asegurar los beneficios de la doble instancia.-
IV.- De prosperar mi criterio propongo al acuerdo: a) CONFIRMAR la sentencia de primera instancia obrante a fs.214/225 b) COSTAS Y HONORARIOS según lo explicitado en el considerando III.ASI VOTO.-
A LA CUESTION PLANTEADA EL SR. JUEZ OSVALDO VERON DIJO:
Compartiendo los fundamentos y conclusiones que informan el voto que antecede, adhiero al mismo. ASI VOTO.-
S E N T E N C I A  Nº 44
Resistencia, 05 de noviembre de 2013.-
Por el resultado de la votación que antecede, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo,
R E S U E L V E:
I.-CONFIRMAR la sentencia de primera instancia obrante a fs. 214/225.---------------------------------------------------------------------------------------------
II.- IMPONER las costas de Alzada a la demandada en su calidad de vencida.-----------------------------------------------------------------------------------------
III.-DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales de segunda instancia para su oportunidad.-------------------------------------------------
IV.- REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.--------------------------

                OSVALDO VERON           MARTHA C. RODRIGUEZ DE DIB
           





 

    

 

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