Encabezado eft
TT1 Quilmes.Titularidad e Identidad de la relación laboral
En la ciudad de Quilmes, a los 26   días del mes de agosto de dos mil once, se reúnen en la Sala de Acuerdos los Señores Jueces que integran el Tribunal del Trabajo Nº 1 de ésta ciudad, Doctores Marta Adelina Russo y Máximo Alberto Campanari, con la Presidencia del Doctor Horacio Andrés Casquero, a efectos de dictar Sentencia en la causa Nº 32.308 caratulada \"BICA SONIA GABRIELA c/PEBLE S.A. Y OTRO/A s/DESPIDO\".

    El Tribunal decidió plantear y resolver las siguientes cuestiones, para ser votadas en el mismo orden establecido para el Veredicto que antecede:

    PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente la demanda?

    SEGUNDA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

    A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CASQUERO, DIJO:

    1°) Antecedentes:
    La señora Sonia Gabriela Bica, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Ricardo Jesús Cornaglia, promueve demanda (que obra a fs. 40/52) por despido contra EDESUR S.A. y PEBLE S.A..
    Afirma que trabajó en relación de subordinación y dependencia para EDESUR S.A. desde el 1° de septiembre de 1.993 cumpliendo tareas administrativas y de atención al público en distintas sucursales; que sólo se le reconoció el vínculo laboral en forma directa por un período limitado, mientras que durante el resto de la relación se la hizo figurar dependiendo de distintas empresas intermediarias; que personal bajo directa relación de EDESUR S.A. realizaba sus mismas tareas y en las mismas condiciones. Detalla que a su ingreso la intermediaria era ZEIT S.R.L.; que en agosto de 1.994 se le impuso como condición para seguir trabajando que mandara su renuncia a la intermediaria y se la hizo figurar como dependiente directa de EDESUR S.A., pero registrando como su fecha de ingreso el 1° de agosto de 1.994 y obligándola a suscribir un contrato de trabajo a plazo fijo; que se le hicieron suscribir sucesivos contratos a plazo, hasta que, en noviembre de 1.996, se le reconoció que la relación laboral era por tiempo indeterminado; que en octubre de 2.000 se le hizo firmar un acuerdo de retiro voluntario como condición para seguir trabajando, revistando a partir del 25 de ese mes como dependiente de CEL TATEL S.H. y registrando un nueva fecha de ingreso a partir de ese día; que trabajó así hasta octubre de 2.001 para retirarse y reingresar el 1° de diciembre de 2.002 como dependiente de la codemandada PEBLE S.A. y haciéndose constar esa nueva fecha de ingreso. Indica que sus tareas siempre fueron las mismas, no revistiendo ellas el carácter de eventual o extraordinarias y compartiéndolas con personal efectivo de EDESUR S.A. que ganaba salarios muy superiores al suyo; que su horario siempre fue de 08,00 a 16,00 horas de lunes a viernes y su salario mensual de $ 1.100. Dice que la relación laboral era regulada por el C.C.T. 316/98 \"E\" suscripto entre EDESUR S.A. y el Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal. Relata que, en febrero de 2.008, remitió a quien consideraba su verdadera empleadora una intimación telegráfica para que reconociera los verdaderos (según ella) términos del contrato laboral que la unía con ella y le abonara las diferencias salariales que consideraba se le adeudaban, y otra intimación similar a quien figuraba como su empleadora y consideraba responsable solidaria. Transcribe las respuestas de ambas demandadas y argumenta que, ante el desconocimiento de los verdaderos datos esenciales de la relación y la negativa a abonarle las diferencias reclamadas, se vió obligada a considerarse despedida. Practica liquidación de los rubros que reclama, funda en derecho, ofrece prueba y pide el progreso de la demanda.
    A fs. 70/72 contesta demanda PEBLE S.A. por intermedio de su letrado apoderado Dr. Enrique Martiarena, quien niega pormenorizadamente las afirmaciones de la demanda y, en su versión de los hechos, afirma que su representada es una empresa de servicios generales que en tal carácter subcontrató con EDESUR S.A., a partir de 2.002, la prestación del servicio de \"Atención al Público y Back Office\" en sus locales de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Relata que en ese marco (que dice es asimilable al normado por el artículo 30 de la L.C.T.) contrató a la actora a partir del 1° de abril de 2.002. Afirma que PEBLE S.A. era la verdadera empleadora de la actora, que la relación se encontraba regida por el C.C.T. 582/03 \"E\" suscripto entre su mandante y el Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal, que no existió motivo alguno para las intimaciones de la actora ni para que se considerara despedida. Funda en derecho, ofrece prueba y solicita el rechazo de la demanda.
    A fs. 105/125 contesta la acción la codemandada EDESUR S.A. a través de sus letradas apoderadas Dras. Marisa Leonor Gil y Verónica Yamile Pracanica, patrocinadas por la Dra. Cristina Carmen Ciancio. Plantea excepciones de falta de legitimación pasiva y prescripción y contesta demanda en forma subsidiaria. En el marco de tal contestación de demanda, niega detalladamente las afirmaciones de la actora y, en su relato de los hechos, sostiene que la demandante trabajó para la firma PEBLE S.A. en tareas ajenas a su propio giro comercial específico que habían sido subcontratadas con la citada firma y que, atento a la señalada naturaleza de las labores, no corresponde considerar aplicable la solidaridad prevista por el artículo 30 de la L.C.T.. Sostiene que no hubo fraude ni existieron \"testaferros\" u \"hombres de paja\", por lo que no puede considerarse la aplicación del artículo 29 de la L.C.T.. Dice que no corresponde aplicar el C.C.T. 316/98 \"E\" citado por la actora, por no resultar aplicable al personal de PEBLE S.A. y por haber perdido vigencia en el año 2.004. Funda en derecho, ofrece prueba y solicita el rechazo de la demanda.
    A fs. 148/149 se dicta el auto de prueba.
    A fs. 406/407 se presenta la nueva apoderada de EDESUR S.A., Dra. Verónica M. Astiz y a fs. 423/424 se vuelve a presentar en el mismo carácter, pero patrocinada por el Dr. Eugenio José Maurette.
    Tras agregarse las pruebas producidas por las partes se llega a la audiencia de vista de causa, de la que da cuenta el acta de fs. 479. Acto seguido pasan los autos al Acuerdo del Tribunal, dictándose el Veredicto que antecede, el cual doy aquí por íntegramente reproducido.

    2°) Pronunciamiento:
    1.- Legitimación pasiva: Liminarmente debe resolverse, en base a los hechos que se tuvieron por probados en el veredicto, cuál de las accionadas fue la real empleadora de la actora, para luego analizar quien o quienes serían los responsables de afrontar una eventual condena en el supuesto de acogimiento parcial o total de la acción intentada y en qué carácter.
    En el caso de autos, la actora dirigió la demanda contra EDESUR S.A. y PEBLE S.A., refiriéndose a la primera como su real empleadora y la segunda como una mera intermediaria. Las accionadas plantearon una situación distinta: PEBLE S.A. habría sido la verdadera empleadora de la actora en el marco de la subcontratación del servicio de atención al público y back office de los locales de EDESUR S.A. y, siendo ese servicio ajeno a la actividad normal y específica propia de la última, ella no resultaría tampoco responsable solidaria frente al reclamo.
    La cuestión debe resolverse a la luz del principio de primacía de la realidad, al que el maestro uruguayo Américo Plá Rodriguez enuncia diciendo: \"significa que en caso de discordancia entre lo que ocurra en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos\" (Américo Plá Rodriguez, \"Los principios del Derecho del Trabajo\", 3ra. edición, Buenos Aires, diciembre de 1.998, Ed. Depalma, pág. 313).
    Por su parte, explicando el alcance del referido principio, el célebre jurista mejicano Mario De La Cueva, sostiene que \"La existencia de una relación de trabajo depende, en consecuencia, no de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentra colocado ... resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieren pactado, ya que, si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, carecerán de todo valor\" (Mario De La Cueva, \"Derecho Mejicano del Trabajo\", 2da. edición, Méjico, 1.943, Tomo I - pág. 381).
    En el mismo sentido, nos enseña Fernández Madrid que \"Prima así la realidad sobre la forma, lo que en el proceso se ha de traducir en el relativo valor de la prueba documental respecto de la testimonial y en la apreciación de los reconocimientos efectuados por vía de confesión en orden a otros elementos de prueba. La simulación implementada por las partes y el fraude por el cual el empleador utilizando un camino desviado, pero legal, busca violar la ley laboral deben encontrar en las formas procesales y en la posibilidad de apreciación del juzgador, las vallas que eviten la frustración del principio protectorio, que afirmen la irrenunciabilidad de derechos y en definitiva consoliden el orden público laboral\" (Juan Carlos Fernández Madrid, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Buenos Aires, 1989, Ed. La Ley, Tomo I pág. 262).
    Atento a ello, más allá de los instrumentos formales que pudieren haberse celebrado entre las accionadas y de los que pudiere eventualmente haber suscripto la misma actora, surge indubitable de la primera cuestión del veredicto que la señora Bica trabajó desde el año 1.993 (esto es varios años antes que la demandada PEBLE S.A. fuera constituida) en distintas sucursales de EDESUR S.A. realizando tareas de \"atención al público\" y siendo incluso registrada legalmente durante un tiempo por la misma EDESUR S.A. (1° de agosto de 1.994 a 20 de octubre de 2.000) y durante otros períodos por distintas firmas, la última de las cuales fue la codemandada PEBLE S.A..
    Resulta también probado de la misma cuestión del fallo sobre los hechos, que era usual que EDESUR S.A. cambiara periódicamente de \"empresas prestadoras de servicios\" e impusiera a los trabajadores de las mismas, como condición para permanecer en sus puestos, el envío de la renuncia a la firma saliente y la suscripción de un nuevo contrato de trabajo con la entrante, registrándose en cada una de tales oportunidades una nueva fecha de ingreso de los dependientes. Todo ello sin dejar de trabajar un solo día, sin que cambiaran las condiciones de labor y suscribiéndose los contratos con la nueva firma en la misma sucursal de Edesur S.A. en la que trabajaban. Puntualmente, las testigos Pose y Saenz dijeron haber pasado por siete (7) empresas en trece (13) años. En el caso puntual de la demandada PEBLE S.A., surge indubitado que el contrato entre las empresas fue suscripto casi dos (2) meses después de que la actora fuera registrada como empleada de PEBLE S.A..
    Del mismo modo, queda acreditado que en los mismos lugares, en las mismas funciones y con el mismo uniforme (salvo el color del corbatín) que la actora se desempeñaba también personal reconocido como dependiente directo de EDESUR S.A. que cobraba salarios muy superiores (cuestión segunda del veredicto) y contaba con representación gremial, mientras que los contratados -entre los que se contaba la actora- no la tenían.
    También resulta inconmovible, que todos (contratados y \"efectivos\") cumplían el mismo horario, recibían ordenes del personal de supervisión de EDESUR S.A. y cobraban sus haberes en la sucursal en la que cumplían funciones.
    Todos estos elementos me llevan a concluir en que la verdadera, única y real empleadora de la actora durante todo el tiempo en que se desempeñó en sus establecimientos, fue la codemandada EDESUR S.A..
    Entendiendo el fraude como \"una ingeniosa elección de caminos desviados para lograr que el incumplimiento de normas imperativas quede a salvo de toda sanción (responsabilidad) porque otras normas mañosamente elegidas parecen consentirlo\" (\"Ley de Contrato de Trabajo Comentada\", Justo Lopez, Norberto O. Centeno y Juan Carlos Fernández Madrid, Ed. Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1.978, Tomo I página 140), no tengo dudas que toda la ingeniería registral orquestada por EDESUR S.A. y las distintas empresas que se interpusieron en su relación laboral con la actora (y otros trabajadores), forma parte de una maniobra fraudulenta organizada por la beneficiaria de la labor prestada por la dependiente para eludir responsabilidades propias del vinculo laboral.
    Así, la tercerización y segmentación artificiosas de la relación laboral habida entre EDESUR S.A. y la actora, estuvieron claramente dirigidas a precarizar el vínculo con la dependiente, privarla de los derechos que le otorgaba su verdadera antigüedad en la empresa (artículo 18 de la L.C.T.), imponerle la percepción de salarios sensiblemente inferiores a los de sus compañeros de labor considerados \"efectivos\" (artículo 81 de la L.C.T.) y marginarla del conjunto de trabajadores en el que verdaderamente estaba incluida, despojándola incluso de sus derechos gremiales (artículo 4 de la Ley 23.551).
    Las sucesivas empresas que -como la demandada PEBLE S.A.- aparecieron formalmente como empleadoras de la actora, no actuaron como contratistas ni como intermediarias.
    No fueron contratistas porque quedó claro con la prueba rendida que, en los mismos lugares físicos (establecimientos) y en las mismas tareas (trabajos o servicios) que la actora, se desempeñaba personal dependiente en forma directa de EDESUR S.A., lo que me lleva a descartar que realmente se haya operado una \"cesión total o parcial de algún establecimiento\" o se haya \"contratado o subcontratado la realización de algún trabajo o servicio\" (artículo 30 de la L.C.T.).
    Tampoco actuaron como intermediarias, entendido el término como \"aquel que media entre dos o mas personas\", ya que ni siquiera oficiaron como selectoras de personal.
    Simplemente prestaron (o mas precisamente alquilaron) su estructura jurídica formal para figurar como empleadoras, interponiéndose ilegalmente en el contrato laboral existente entre EDESUR S.A. y la trabajadora. Fueron simples instrumentos del fraude pergeñado por la verdadera empleadora y -a la vez- cómplices en el desarrollo del mismo.
    La señalada operatoria se halla fulminada por las previsiones del artículo 14 de la L.C.T. y hace que operen en el caso los dos (2) primeros párrafos del artículo 29 de la L.C.T., debiendo tenerse a la demandada EDESUR S.A. como beneficiaria de la labor prestada y verdadera empleadora de la actora y a PEBLE S.A. como responsable solidaria de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral en la cual se interpuso ilegalmente.
    Por todo lo hasta aquí expuesto, propongo rechazar la excepción de falta de legitimación activa articulada por EDESUR S.A. y disponer que, para el caso de considerarse procedentes las pretensiones deducidas en la demanda, la condena deberá recaer en forma solidaria contra ambos demandados, pudiendo la actora reclamar su cumplimiento a ambos o a cualquiera de ellos.

    2.- Prescripción: Habiéndose concluido en el punto anterior en que EDESUR S.A. fue durante toda la relación laboral la verdadera empleadora de la actora, habiéndose acreditado en la tercera cuestión del veredicto que tal vinculación entre las partes feneció el 11 de marzo de 2.008 y atento a que la presente acción se interpuso el 2 de septiembre de 2.008 (ver cargo de fs. 53), la excepción de prescripción interpuesta por la mencionada accionada debe ser rechazada por no haber transcurrido el plazo bienal previsto en el artículo 256 de la L.C.T.

    3.- Teniendo por cierto que EDESUR S.A. fue durante toda la relación laboral la verdadera empleadora de la actora, lógico es concluir que ella debió registrar legalmente dicha relación conforme lo impone el artículo 52 de la L.C.T.. No habiéndolo hecho así, resultan aplicables la presunción dispuesta por el artículo 55 de la L.C.T. y -ante la declaración jurada prestada por la actora en el punto X. de su escrito de inicio y reiterada a fs. 329- la inversión de la carga probatoria prevista por el artículo 39 de la Ley 11.653, en relación a la fecha de ingreso de la actora y al mejor salario mensual, normal y habitualmente percibido por ella (artículo 52 incisos d) y e) de la L.C.T.), circunstancias éstas ya resueltas en la primera cuestión del veredicto, pero a la que cabe se agregue la presente argumentación.

    4.- El reclamo: Acreditada la existencia de la relación laboral y la responsabilidad que cabe atribuir a cada uno de los demandados, corresponde ahora expedirse respecto de la procedencia o no de las pretensiones de la parte actora. El salario a utilizar como base de cálculo de los rubros que eventualmente prosperen, será de $ 2.600 el que con la adición del S.A.C. proporcional ($ 216,67) en los casos que corresponda (conforme doctrina legal fijada en las causas L. 36.173 sentencia del 3/6/86, L. 43.131 sentencia del 10/10/89, L. 43.541 sentencia del 17/4/90, L. 47.332 sentencia del 12/11/91, L. 57.871 sentencia del 25/4/95, L. 64.456 sentencia del 6/2/00, L. 83.462 sentencia del 20/9/06 y L. 101.487 sentencia del 6/10/10, entre muchas otras), asciende a la suma de $ 2.816,67.
    Así:
    a) Haberes once (11) días de marzo de 2.008: No habiendo la accionada acreditado su pago, corresponde se ordene el mismo por la suma de $ 838,71 ($ 2.600 ./. 30,4 x 11; artículos 74, 103 y 137 de la L.C.T.).
    b) Diferencias salariales: Reclama la actora (punto III in fine de su demanda a fs. 41 vta., telegramas y rubro j) de su liquidación) el pago de las diferencias salariales que dice se habrían devengado en su favor durante los dos (2) últimos de relación laboral, por habérsele abonado salarios inferiores a los de compañeros suyos que realizaban la misma tarea en las mismas condiciones.
    En la segunda cuestión del fallo sobre los hechos se determinó que los dependientes de EDESUR S.A. que realizaban las mismas tareas que la actora, percibían salarios mensuales de $ 2.600, mientras que el salario mensual, normal y habitualmente percibido por la actora era de $ 1.270 (Veredicto Cuestión Primera).
    Conforme coincidente doctrina y jurisprudencia (“Tratado de Derecho del Trabajo”, Mario E. Ackerman director – Diego M. Tosca coordinador, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, 2.005, Tomo III pág. 209 y sigtes.; “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, Juan Carlos Fernández Madrid, Ed. La Ley, Buenos Aires, 1.989, Tomo I pág. 247 y sigtes.; “Ley de Contrato de Trabajo Anotada”, Mariano H. Mark, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2.009 pág. 428 y sigtes.; C.S.J.N. en autos “Ratto c/Productos Stani” del 26/8/1966, Fallos 265:242 y “Fernández Estrella c/Sanatorio Güemes S.A.” del 23/8/1988, Fallos 311:1062; S.C.J.B.A. en causas L. 38.439 del 3/11/87, L. 47.772 del 4/2/92, L. 76.798 del 28/11/01 y L. 83.105 del 6/7/05, entre muchas otras), imperantes en torno al tema de \"igual remuneración por igual tarea\", \"... El trabajador debe acreditar \'sus circunstancias\' y quien se excepciona aduciendo que la desigualdad obedece a la valoración de los méritos del dependiente o a las circunstancias del bien común, debe acreditar esas afirmaciones\" (Voto de los Dres. Petracchi y Bacqué en autos \"Fernandez Estrella c/Sanatorio Güemes S.A.\" del 23-8-88; \"Fallos\" 311:1062). Puntualmente se ha sostenido que “La configuración del trato desigual requiere como supuesto básico la concurrencia de identidad de situaciones (artículo 81 L.C.T.)” (S.C.J.B.A. en causa L. 47.772 del 4/2/92 “HAMSE Donato Salim c/Club Argentino s/Indemnización por despido”).
    En el caso en análisis, la actora probó acabadamente la configuración de la desigualdad salarial producida en su perjuicio, mientras que la demandada EDESUR S.A. no alegó que tal trato desigual obedeciera a alguna razón jurídicamente valedera, sino que resultó cautiva de su férrea negativa sobre la existencia misma del trato peyorativo hacia Bica.
    Por ello, acreditadas las circunstancias fácticas invocadas como fundamento de la pretensión de la actora, estimo que su reclamo por diferencias salariales debe ser acogido favorablemente (artículos 14 bis de la Constitución Nacional, 17 y 81 de la L.C.T. y 375 del C.P.C. y C.).
    Siendo que a la actora se le pagaban $ 1.330 de menos en cada liquidación mensual, el total adeudado por el período en reclamo con más la incidencia del S.A.C. resulta ser de $ 34.580 ($ 1.330 x 26 meses; artículos 74, 103 y 137 de la L.C.T.).
    c) Indemnización por antigüedad: En la tercera cuestión del veredicto se tuvo por acreditado que el distracto se produjo el día 11 de marzo de 2.008 ante la recepción por parte de la accionada EDESUR S.A. del telegrama Ley 23.789 N° 942010710 de fecha 10 del mismo mes por el cual la actora se consideraba despedida ante la negativa de la accionada a registrar debidamente el contrato de trabajo y abonar las diferencias salariales supuestamente adeudadas.
    Corresponde ahora resolver si el autodespido de la trabajadora estuvo o no fundado en justa causa (artículo 242 de la L.C.T.).
    Entiendo que la respuesta de la accionada a la intimación cursada por la actora, desconociendo la existencia misma de la relación laboral en ese momento y su consecuente obligación de regularizar la misma, conjugado ello con la negativa a abonar las diferencias salariales que (conforme se resolviera en el punto anterior) se le adeudaban,   importa injuria suficiente para justificar el autodespido de la actora.
    Conforme a ello, cabe hacer lugar al reclamo y atento al tiempo de servicio de la reclamante bajo dependencia de la accionada (artículo 245 de la L.C.T.), corresponde ordenar su pago con la incidencia del S.A.C. por $ 39.433,38 ($ 2.816,67 x 14).
    Se hace constar que el importe del sueldo mensual tomado como base de cálculo de la presente indemnización no supera el tope indemnizatorio fijado por el C.C.T. 882/2007 \"E\" que, a la fecha del despido, era de $ 2.913,10 (Resolución S.T. del M.T. y S.S. N° 1045/2007, publicada en el B.O. del 25/10/2007).
    d) Preaviso no gozado: Corresponde su pago con más la incidencia del S.A.C. (artículos 231 y 232 de la L.C.T.) por $ 5.633,34 ($ 2.816,67 x 2).
    e) Integración del mes de despido: Procede su pago con más el S.A.C. por $ 1.908,07 ($ 2.816,67 ./. 30,4 x 20; artículo 233 de la L.C.T.).
    f) Vacaciones proporcionales: No probado su pago por el período laborado del año 2.008 (artículos 150, 153, 155 y 156 de la L.C.T.), corresponde se ordene su pago (con la incidencia del S.A.C. proporcional) por $ 612,53 ($ 2.816,67 ./. 25 x 28 ./. 12 x 2,33).
    g) Indemnización del artículo 9 de la Ley 24.013: Acreditado que la actora ingresó al servicio de la accionada EDESUR S.A. el 1° de septiembre de 1.993 y que ésta recién lo registro legalmente a partir del 1° de agosto de 1.994, es decir once (11) meses después, que intimó debida pero infructuosamente a su empleadora a registrarla y que remitió a la A.F.I.P. la comunicación impuesta por el artículo 11 de la Ley 24.013 (según Ley 25.345), procede su pago con la incidencia del S.A.C. proporcional (artículos 9 y 11 Ley 24.013) por la suma de $ 7.745,84 (25% de $ 2.816,67 x 11).
    Creo prudente señalar que, el hecho de que las empresas que la demandada EDESUR S.A. interpusiera en su relación laboral con la actora hubiesen registrado a ésta formalmente, no resulta impedimento alguno para la aplicación al caso de las indemnizaciones previstas en la Ley 24.013, atento la expresa previsión del artículo 7 de la referida ley, que alude específica y puntualmente al \"empleador\" como sujeto obligado a la registración de sus trabajadores.
    Siguiendo la argumentación del señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Dr. Eduardo O. Álvarez, al emitir opinión en el Acuerdo Plenario N° 323 del referido órgano nacional, dictado en autos \"VASQUEZ, MARÍA LAURA c/TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. Y OTRO s/DESPIDO\", en fecha 30 de junio de 2.010, creo -tal como él dijera- que: (i) No se puede sostener con seriedad que la relación de empleo se ha “regularizado” cuando el registro lo realiza alguien que no es el empleador responsable, sino un sujeto periférico; (ii) La existencia de un registro efectuado por un sujeto que se atribuye un carácter que no posee, no es eficaz para desplazar la sanción de marras, y una interpretación disímil podría favorecer a que tuvieran “beneficios secundarios” las intermediaciones no queridas por el ordenamiento protectorio; (iii) La finalidad de la ley es la regularización del empleo y el combate contra el trabajo “no registrado” por la persona que tiene la carga legal de hacerlo; (iv) Ni para el trabajador, ni para el sistema, es neutro un registro que no responde a la realidad; (v) No es correcto afirmar, que se ha registrado “una misma relación laboral”, porque lo que ha hecho el tercero, o intermediario, es registrar otro contrato bilateral en el cual una de las partes (nada menos que el empleador) era distinta y en el que otro asumía tal condición, indebidamente; (vi) Lo que se registra es el “contrato”, la “relación laboral” y no al trabajador como persona física; (vii) No creo que deba interpretarse en contra de la dependiente una normativa tan clara, destinada a sanear el sistema de relaciones laborales.
    h) Indemnización del artículo 8 de la Ley 24.013: Probado que la accionante no fue registrada por su verdadero empleador por el período que va del 1° de diciembre de 2.002 al distracto ocurrido el 11 de marzo de 2.008, que la dependiente intimó su debida registración sin resultado positivo y que remitió a la A.F.I.P. la comunicación impuesta por el artículo 11 de la Ley 24.013 (según Ley 25.345), procede su pago con la incidencia del S.A.C. proporcional (artículos 8 y 11 Ley 24.013) por la suma de $ 44.362,55 (25% de $ 2.816,67 x 63 meses).
    i) Indemnización del artículo 15 de la Ley 24.013: Habiéndose acreditado que la actora hizo denuncia del contrato de trabajo con las accionadas fundado en justa causa dentro de los dos años de haber intimado la regularización de la relación laboral (artículos 11 y 15 de la Ley 24.013), procede su pago con la incidencia del S.A.C. por la suma de $ 45.974,79 (sumatoria de rubros c), d) y e) del presente).
    j) Indemnización del artículo 2 de la Ley 25.323: No habiendo las accionadas abonado en término las indemnizaciones emergentes del despido indirecto en que la actora se colocara con  justificación y estando intimadas telegráficamente a hacerlo, corresponde se acoja el reclamo en cuestión condenándose al abono de $ 23.487,39 por este concepto que incluye la incidencia del S.A.C. proporcional (50% de la sumatoria de los rubros c), d) y e) del presente).
    k) Indemnización del artículo 80 de la L.C.T. (texto según Ley 25.345): Conforme la conclusión sentada al respecto en el último párrafo de la cuarta cuestión del Veredicto y habiéndose acreditado haber efectuado la intimación dispuesta por el Decreto 146/01 en su artículo 3°, corresponde ordenar su pago con la incidencia del S.A.C. por la suma de $ 8.450,01 ($ 2.816,67 x 3).
    l) Diferencia salarial por Bonificación Anual Extraordinaria (B.A.E.): Conforme se tuviera por probado en la cuarta cuestión del veredicto, la actora percibió tal bonificación por el período en reclamo, por lo que el rubro debe ser rechazado (artículo 499 del Código Civil).
    En suma, el monto total por el que propicio se haga lugar a la demanda, es de $ 213.026,61 por los siguientes conceptos: Haberes once (11) días de marzo de 2.008: $ 838,71; Diferencias salariales: $ 34.580; Indemnización por antigüedad: $ 39.433,38; Preaviso no gozado: $ 5.633,34; Integración del mes de despido: $ 1.908,07; Vacaciones proporcionales: $ 612,53; Indemnización del artículo 9 de la Ley 24.013: $ 7.745,84; Indemnización del artículo 8 de la Ley 24.013: $ 44.362,55; Indemnización del artículo 15 de la Ley 24.013: $ 45.974,79; Indemnización del artículo 2 de la Ley 25.323: $ 23.487,39 e Indemnización del artículo 80 de la L.C.T. (texto según Ley 25.345): $ 8.450,01.
    Conforme surge del último párrafo de la tercera cuestión del Veredicto, el certificado de trabajo y las constancias de aportes previsionales no fueron acompañadas por la empleadora, por lo que corresponde se condene a la demandada EDESUR S.A., en su carácter de verdadera empleadora, a hacer entrega de las mismas a la actora por todo el período laborado bajo su dependencia, en el plazo de diez (10) días y bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento (artículos 80 de la L.C.T. y 666 bis del Código Civil).

    3°) Intereses: Las sumas de condena devengarán intereses compensatorios desde el 11 de marzo de 2.008 hasta la fecha del efectivo pago (artículo 622 del Código Civil y 10 del Decreto 941/91), y se calcularán conforme la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación, conforme la doctrina legal de Nuestro Máximo Tribunal Provincial (S.C.B.A. en causas L. 94.446 del 21/10/2009 y L. 88.120 del 23/12/2009, entre otras).
    Asimismo, para el eventual caso en que las condenadas no cumpliesen con las obligaciones impuestas por el presente fallo, el capital de condena devengará, desde la fecha del incumplimiento y hasta el efectivo pago, intereses sancionatorios que se acumularán a los compensatorios y se calcularán en una vez y media la tasa fijada para éstos (artículos 622 último párrafo del Código Civil, 34 incisos d) y e) y 37 del C.P.C. y C.; S.C.B.A. sentencia del 7/5/2005 en causa L. 80.710 “RODRIGUEZ Jorge Daniel c/CELULOSA ARGENTINA S.A. s/Daños y perjuicios”).

    4°) Conducta de las partes:
    Con basamento en lo normado  por  el artículo 275 de la L.C.T. y en uso de las atribuciones que  otorgan al juzgador los artículos 34 inciso 6° y 163 inciso 8° del C.P.C. y C. (artículo 63 de la Ley 11.653), entiendo que debe calificarse de  temeraria y maliciosa la conducta asumida por las demandadas, al intentar hacer valer maniobras fraudulentas claramente dirigidas a precarizar el vínculo con la dependiente, privarla de los derechos que le otorgaba su verdadera antigüedad en la empresa (artículo 18 de la L.C.T.), imponerle la percepción de salarios sensiblemente inferiores a los de sus compañeros de labor considerados \"efectivos\" (artículo 81 de la L.C.T.), marginarla del conjunto de trabajadores en el que verdaderamente estaba incluida, despojándola incluso de sus derechos gremiales (artículo 4 de la Ley 23.551) y llevar tal intento de fraude hasta sus últimas consecuencias, provocando así un dispendio de actividad  jurisdiccional, con conciencia de su propia sinrazón.
    Las partes deben ejercer sus facultades procesales de manera compatible con la vigencia de ciertos principios éticos, de los cuales deriva el deber de comportarse con lealtad, probidad y buena fe.
    Desde hace ya muchos años, ha dicho Nuestro Máximo Tribunal Provincial que \"Debe entenderse que asume una conducta maliciosa o temeraria quien afirma hechos o se conduce sin fundamentos o motivos con conciencia de su propia sinrazón, concepto éste que define el alcance de la aplicación del artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o.)\" (S.C.B.A. en causa L. 32.690 \"Cárdenas\", sentencia del 8-6-1984; D.T. 1984-B, pág. 1.433).
    La conducta asumida por las demandadas permite inferir una clara intencionalidad de utilizar las herra-mientas procesales que fueron consagradas para garantizar una de¬bida defensa en juicio, con plena conciencia de la propia sinrazón y para prolongar indebidamente el cumplimiento de obligaciones legalmente impuestas.
    \"No deben avalarse comportamientos reñidos con la buena fe procesal, actos que solo persiguen la dila¬ción en el cumplimiento de las obligaciones conocidas, empleando para ello el servicio de justicia, abusando del mismo, distrayéndolo del estudio de otras causas judiciales; todo lo cual hace de aplicación la  previsión del artículo 275 R.C.T.\" (S.C.B.A. en causa L. 39.244 \"Robledo\", sentencia del 23-11-1.988; A. y S. 1988-I, pág. 149).
    Por tales motivos y atendiendo a las circunstancias del caso, considero prudente extender la condena por este concepto en un ciento cincuenta por ciento (150%) de los intereses que se liquiden sobre las sumas por las que procede la demanda.
 
    5°) Notificaciones:
    Habiéndose acreditado la falta de debida registración del contrato de trabajo que uniera a las partes, dentro de los diez días de consentida la presente debe librarse oficio al Sistema Unico de Registración Laboral (S.U.R.L.), dando cumplimiento a lo ordenado por  el artículo 17 de la Ley 24.013 y a la Administración  Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) según lo ordena el segundo párrafo del artículo 15 de la L.C.T. (texto según artículo 44 de la Ley 25.345).

    6°) Costas:
    Las costas del juicio deben imponerse a las accionadas en su condición de vencidas (artículos 19 y 20 de la Ley 11.653).

    Así voto.

    A la misma cuestión planteada los Sres. Jueces Dres. Russo y Campanari, por los mismos fundamentos adhieren al voto del Dr. Casquero.

    A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. CASQUERO, DIJO:

    Atento la forma en que ha sido resuelta la cuestión que antecede, corresponde: 1°) Hacer lugar a la demanda promovida por Sonia Gabriela Bica contra PEBLE S.A. y EDESUR S.A. y, consecuentemente, condenar a éstas últimas a abonar a la actora, dentro del plazo de diez días, mediante depósito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Quilmes, en cuenta a nombre de éstos autos y a la orden de este Tribunal, la suma de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL VEINTISEIS CON SESENTA y UN CENTAVOS ($ 213.026,61), por los siguientes conceptos: Haberes once (11) días de marzo de 2.008 $ 838,71 (artículos 74, 103 y 137 de la L.C.T.); Diferencias salariales $ 34.580 (artículos 14 bis de la Constitución Nacional, 17, 74, 81, 103 y 137 de la L.C.T.); Indemnización por antigüedad $ 39.433,38 (artículo 245 de la L.C.T.); Preaviso no gozado $ 5.633,34 (artículos 231 y 232 de la L.C.T.); Integración del mes de despido $ 1.908,07 (artículo 233 de la L.C.T.); Vacaciones proporcionales $ 612,53 (artículos 150, 153, 155 y 156 de la L.C.T.); Indemnización del artículo 9 de la Ley 24.013 $ 7.745,84 (artículos 9 y 11 Ley 24.013); Indemnización del artículo 8 de la Ley 24.013 $ 44.362,55 (artículos 8 y 11 Ley 24.013); Indemnización del artículo 15 de la Ley 24.013 $ 45.974,79 (artículos 11 y 15 de la Ley 24.013); Indemnización del artículo 2 de la Ley 25.323 $ 23.487,39 e Indemnización del artículo 80 de la L.C.T. (texto según Ley 25.345) $ 8.450,01; 2°) Condenar a la demandada EDESUR S.A. en su carácter de verdadera empleadora a entregar a la actora el certificado de trabajo y las constancias de aportes previsionales correspondiente a todo el período laborado bajo su dependencia, en el plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento (artículos 80 de la L.C.T. y 666 bis del Código Civil); 3°) Las sumas de condena devengarán intereses compensatorios desde el 11 de marzo de 2.008 hasta la fecha del efectivo pago (artículo 622 del Código Civil y 10 del Decreto 941/91), y se calcularán conforme la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación, conforme la doctrina legal de Nuestro Máximo Tribunal Provincial (S.C.B.A. en causas L. 94.446 del 21/10/2009 y L. 88.120 del 23/12/2009, entre otras). Asimismo, para el eventual caso en que las condenadas no cumpliesen con las obligaciones impuestas por el presente fallo, el capital de condena devengará, desde la fecha del incumplimiento y hasta el efectivo pago, intereses sancionatorios que se acumularán a los compensatorios y se calcularán en una vez y media la tasa fijada para éstos (artículos 622 último párrafo del Código Civil, 34 incisos d) y e) y 37 del C.P.C. y C.; S.C.B.A. sentencia del 7/5/2005 en causa L. 80.710 “RODRIGUEZ Jorge Daniel c/CELULOSA ARGENTINA S.A. s/Daños y perjuicios”); 4º) Considerar temeraria y maliciosa la conducta asumida en el proceso por las demandadas (artículos 275 L.C.T., 34 inciso 6° y 163 inciso 8° del C.P.C. y C. y 63 de la Ley 11.653) e imponerles por tal causa una multa que se establece en el ciento cincuenta por ciento (150%) de los intereses que se liquiden sobre las sumas de condena; 5°) Las costas del juicio se imponen a las accionadas en su condición de vencidas (artículos 19 y 20 de la Ley 11.653).

    Así voto.

    A la misma cuestión los Señores Jueces Doctores Russo y Campanari, por los mismos fundamentos, adhieren.

    Con lo que terminó el Acuerdo firmando los Señores Jueces por ante mí que doy fe.



                HORACIO ANDRES CASQUERO
                          Juez


MAXIMO ALBERTO CAMPANARI        MARTA ADELINA RUSSO
         Juez                          Juez



                  ANDREA M. ZACARIAS
                       Secretaria

 

---------------------SENTENCIA--------------------
    ////mes,   agosto de 2.011.

    AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Lo decidido en el Acuerdo que antecede y los fundamentos que lo sustentan, el Tribunal RESUELVE: 1°) Hacer lugar a la demanda promovida por Sonia Gabriela Bica contra PEBLE S.A. y EDESUR S.A. y, consecuentemente, condenar a éstas últimas a abonar a la actora, dentro del plazo de diez días, mediante depósito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Quilmes, en cuenta a nombre de éstos autos y a la orden de este Tribunal, la suma de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL VEINTISEIS CON SESENTA y UN CENTAVOS ($ 213.026,61), por los siguientes conceptos: Haberes once (11) días de marzo de 2.008 $ 838,71 (artículos 74, 103 y 137 de la L.C.T.); Diferencias salariales $ 34.580 (artículos 14 bis de la Constitución Nacional, 17, 74, 81, 103 y 137 de la L.C.T.); Indemnización por antigüedad $ 39.433,38 (artículo 245 de la L.C.T.); Preaviso no gozado $ 5.633,34 (artículos 231 y 232 de la L.C.T.); Integración del mes de despido $ 1.908,07 (artículo 233 de la L.C.T.); Vacaciones proporcionales $ 612,53 (artículos 150, 153, 155 y 156 de la L.C.T.); Indemnización del artículo 9 de la Ley 24.013 $ 7.745,84 (artículos 9 y 11 Ley 24.013); Indemnización del artículo 8 de la Ley 24.013 $ 44.362,55 (artículos 8 y 11 Ley 24.013); Indemnización del artículo 15 de la Ley 24.013 $ 45.974,79 (artículos 11 y 15 de la Ley 24.013); Indemnización del artículo 2 de la Ley 25.323 $ 23.487,39 e Indemnización del artículo 80 de la L.C.T. (texto según Ley 25.345) $ 8.450,01; 2°) Condenar a la demandada EDESUR S.A. en su carácter de verdadera empleadora a entregar a la actora el certificado de trabajo y las constancias de aportes previsionales correspondiente a todo el período laborado bajo su dependencia, en el plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento (artículos 80 de la L.C.T. y 666 bis del Código Civil); 3°) Las sumas de condena devengarán intereses compensatorios desde el 11 de marzo de 2.008 hasta la fecha del efectivo pago (artículo 622 del Código Civil y 10 del Decreto 941/91), y se calcularán conforme la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación, conforme la doctrina legal de Nuestro Máximo Tribunal Provincial (S.C.B.A. en causas L. 94.446 del 21/10/2009 y L. 88.120 del 23/12/2009, entre otras). Asimismo, para el eventual caso en que las condenadas no cumpliesen con las obligaciones impuestas por el presente fallo, el capital de condena devengará, desde la fecha del incumplimiento y hasta el efectivo pago, intereses sancionatorios que se acumularán a los compensatorios y se calcularán en una vez y media la tasa fijada para éstos (artículos 622 último párrafo del Código Civil, 34 incisos d) y e) y 37 del C.P.C. y C.; S.C.B.A. sentencia del 7/5/2005 en causa L. 80.710 “RODRIGUEZ Jorge Daniel c/CELULOSA ARGENTINA S.A. s/Daños y perjuicios”); 4º) Considerar temeraria y maliciosa la conducta asumida en el proceso por las demandadas (artículos 275 L.C.T., 34 inciso 6° y 163 inciso 8° del C.P.C. y C. y 63 de la Ley 11.653) e imponerles por tal causa una multa que se establece en el ciento cincuenta por ciento (150%) de los intereses que se liquiden sobre las sumas de condena; 5°) Las costas del juicio se imponen a las accionadas en su condición de vencidas (artículos 19 y 20 de la Ley 11.653). Los honorarios de los profesionales intervinientes serán regulados una vez practicada por Secretaría la liquidación de las sumas de condena (artículo 51 Decreto Ley 8.904/77). Regístrese y notifíquese.



                HORACIO ANDRES CASQUERO
                          Juez


MAXIMO ALBERTO CAMPANARI        MARTA ADELINA RUSSO
         Juez                          Juez



                  ANDREA M. ZACARIAS
                       Secretaria



 

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