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Función del Protocolo Facultativo sobre derechos económicos, sociales y culturales
Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Amnesty Internacional

 
Un nuevo camino para reclamar justicia en Naciones Unidas
Aquellos a quienes se les han negado sistemáticamente sus derechos económicos, sociales y culturales tendrán un nuevo camino hacia la justicia ante las Naciones Unidas. El nuevo mecanismo de reclamo entra en vigencia para los 10 países que han ratificado el instrumento, entre los que se encuentra Argentina.
La herramienta, creada por el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), permitirá que las personas que sufran violaciones a sus derechos a una vivienda digna, a la alimentación, a la salud, trabajo, seguridad social, a la educación, al agua potable, puedan reclamar justicia a la ONU, en forma individual o colectiva, cuando los gobiernos locales no cumplan en garantizar esos derechos.
El PF-PIDESC brinda la posibilidad de que un panel independiente e internacional de expertos –el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales– examine los reclamos de aquellos que hayan sufrido violaciones, una vez que hayan agotado todas las instancias domésticas, defina si ha ocurrido una violación y emita las recomendaciones que estime necesarias. El Protocolo también incluye un mecanismo de investigación, que habilita al Comité a investigar, reportar y hacer recomendaciones acerca de “violaciones graves o sistemáticas” de los DESC.
El acceso a la justicia es esencial para las víctimas de todas las violaciones a los derechos humanos y el Protocolo es un paso clave para lograrlo. Mientras que el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos ya cuenta con un mecanismo de denuncias desde hace más de 40 años, ahora finalmente le tocó el turno a los derechos económicos, sociales y culturales, lo que reconoce el principio de indivisibilidad e igualdad de los derechos humanos.
Uruguay aportó la décima y crucial ratificación del Protocolo, lo que permite su entrada en vigencia. Los otros nueve países que lo han ratificado hasta ahora son Argentina (el 24 de octubre de 2011), Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Mongolia y Portugal.
El Protocolo sólo es legalmente vinculante en aquellos países que son parte de él. Por ello es necesario que todos los demás Estados en el mundo sigan el mismo camino para garantizar que todas las personas tengan acceso a la justicia y a un remedio efectivo cuando uno o más de sus derechos económicos, sociales y culturales han sido violados”, indicó Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina.
Se espera que las decisiones que se tomen a través de este nuevo mecanismo influencien los tribunales de justicia nacionales y regionales alrededor del mundo.

 

 

 

Sobre el Protocolo

 

El Protocolo fue adoptado por consenso por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 2008 y fue abierto para ratificación el 24 de septiembre de 2009.

 

Argentina, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portugal, Eslovaquia, España y Uruguay lo han ratificado. Otros 32 países lo firmaron pero sus Parlamentos aún no lo han ratificado, lo que es un paso necesario para que sea vinculante para ellos. Se trata de Armenia, Azerbaijan, Bélgica, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Congo, Costa Rica, República Democráctica del Congo, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, Irlanda, Italia, Kazajstán, Luxemburgo, Madagascar, Maldivas, Mali, Montenegro, Holanda, Paraguay, Senegal, Eslovenia, Islas Solomon, Timor-Leste, Togo, Ucrania y Venezuela. Hasta el momento, ni un solo país africano es parte del Protocolo, mientras que Mongolia es el único asiático que lo ha ratificado.

 

En total, 160 países son parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que provee el marco legal principal para la protección y promoción de esos derechos. Los derechos económicos, sociales y culturales incluyen los derechos al trabajo, salud, educación, alimentación, agua potable, instalaciones sanitarias, vivienda digna, seguridad social y el derecho a tomar parte de la vida cultural, entre otras. Todos los estados que son parte del Pacto están obligados, de acuerdo al derecho internacional, a respetar, proteger y hacer cumplir todos estos derechos para todos, sin discriminación.

 

Amnistía Internacional es una de las organizaciones no gubernamentales que integra la Coalición para un Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conformada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Durante los últimos ocho años ha hecho campaña a favor del Protocolo y está pidiendo a los gobiernos de todo el mundo que lo ratifiquen.

 

Esta iniciativa es parte de la Campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional, que está concentrada en las violaciones a los derechos humanos que conducen hacia la pobreza o la profundizan. Como parte de la campaña, Amistía Internacional pide a todos los gobiernos que aseguren que los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales, sean reconocidos en las leyes nacionales, que se eliminen los obstáculos para acceder a la justicia y que se cumpla con las decisiones de los tribunales locales y de los mecanismos internacionales de derechos humanos.

 

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