Encabezado eft
Casación Penal. Corte de Ruta. Dictamen Fiscal
Dictamen n° 7511 Causa Nº 16.664, Sala IV, “Rajneri, Raúl Norberto s/recurso de casación”
 
 
Excma. Cámara:
 
 Javier Augusto De Luca, Fiscal General ante la Cámara
Federal de Casación Penal, a cargo de la Fiscalía General N°4 en los autos Nro.
16.664 del registro de la Sala IV, caratulados “RAJNERI, Raúl Norberto s/
recurso de casación”, me presento ante VV.EE. y digo:
 
 
 
 1). Introducción.
 
 Llegan a la cámara estas actuaciones por el recurso de
casación interpuesto por Raúl Norberto Rajneri contra la decisión de la Cámara
Federal de Apelaciones de General Roca que revocó el sobreseimiento que había
resuelto el juez de primera instancia y lo procesó directamente por considerarlo
coautor del delito previsto en el artículo 194 del Código Penal, a raíz de su
participación en un corte del tránsito automotor en la ruta nacional N° 22, a la
altura del kilómetro 1167.3, en inmediaciones del Barrio Colonia Fátima de la
localidad de Cervantes, provincia de Río Negro, el 4 de junio de 2011.
 
 
 
 2). Admisibilidad formal del recurso.
 
 En primer lugar, debo fundamentar por qué entiendo que
corresponde abrir el recurso del imputado.
 
 A mi criterio debe despejarse cierta confusión que existe en
este asunto, generada por la mezcla de diversos requisitos de los recursos que
tienen una naturaleza distinta. El tribunal apelado (grados, instancias, etapas del
proceso), el tipo de resolución o acto jurisdiccional que se recurre, quién recurre,
cuál es el contenido u objeto del agravio, es decir, qué es lo que se recurre, qué
derecho se invoca para recurrir, etcétera. No es posible responder a la pregunta de
si en el caso existe tal o cual requisito, con la fórmula de recurrir a otro. Uno no
suple a otro. La ausencia de sentencia definitiva no se suple con la existencia de
un gravamen. Aunque se tenga un gravamen, el recurso debe interponerse ante el
tribunal superior según los pasos que haya diseñado la ley. En muchos casos,
contra la misma decisión, una parte puede recurrir y las otras no; existen agravios
dentro de una misma decisión que dan lugar a un recurso inmediato (ej. non bis in
 
 
idem, para el imputado) y otros que deberán ser diferidos contra la sentencia final
de la causa (ej. si la acción penal está prescripta o no lo está). En fin, las
combinaciones son múltiples. No es lo mismo el derecho a un recurso, que la
amplitud de ese recurso (ej. no es lo mismo lo que trata la Corte Suprema en
“Giroldi” que en “Casal”). Ni tampoco el derecho a recurrir puede ser
identificado con lo que ahora se ha dado en llamar “el doble conforme” al que
tiene derecho el imputado, porque ese “doble conforme” no es exigible contra
toda decisión, pese a que esas mismas resoluciones, en instancias anteriores,
puedan ser recurribles.
 
 La consecuencia de tener en claro la diferencia entre los
requisitos, es que el derecho del art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y el 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (ambos de jerarquía constitucional), cuando hablan del recurso del
imputado contra la sentencia final condenatoria (el fallo, la decisión que declara
culpable al imputado), no permite fundar un recurso contra una decisión anterior,
ni mucho menos predica cuál debe ser la amplitud de ese recurso. Véase que en
“Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, sentencia del 2 de julio de 2004, y en “Mohamed
vs. Argentina”, sentencia del 23 de noviembre de 2012, la Corte Interamericana
nunca se refirió a que del art. 8.2.h. se derivara un recurso para el imputado contra
resoluciones anteriores a la sentencia final de la causa.
 
 Fue, en cambio, la Comisión Interamericana la que en varios
informes hizo alusión a un derecho a un recurso contra decisiones anteriores a la
sentencia. Así en los Informes 17/94 “Maqueda” y 55/97 “Abella”, señaló que era
un aspecto esencial del debido proceso el derecho a que un tribunal superior
examinara o reexaminar la legalidad de toda sentencia jurisdiccional de la que
resulte en un gravamen irreparable a una persona, o cuando ese gravamen afecte
los derechos o libertades fundamentales, como es la libertad personal”. En el
Informe 24/92 (Costa Rica) mencionó que el recurso de casación permitía la
revisión legal del fallo y de todos los autos procesales importantes.
 
 Ahora bien, lo que pretendo poner de manifiesto aquí, es que
esa doctrina de la Comisión Interamericana no dice nada nuevo para nosotros,
sino que ratifica lo que la Corte Suprema viene sosteniendo hace más de cien
años. No se trata de un derecho basado en el art. 8.2.h de la Convención, sino de
uno que se desprende de criterios generales, del debido proceso, la defensa en
juicio y de principios básicos del derecho, y ampara a todas las partes procesales.
 
 
 Como se sabe, el auto de procesamiento no es una sentencia
definitiva y, en general, se sostiene que no es una resolución equiparable a tal,
porque simplemente implica que el imputado deba seguir sometido a proceso. Y
en esto no influye que lo haya dictado una cámara de apelaciones al revisar un
sobreseimiento de primera instancia, es decir, en un caso donde no hay “doble
conforme”. Tampoco la existencia de “doble conforme” del imputado permite
denegar los recursos previstos en la ley para las otras partes, porque éstos tienen
otra naturaleza.
 
 Ahora bien, se han admitido excepciones a la regla de la
inapelabilidad en casación o ante la Corte de resoluciones anteriores a la
sentencia final cuando se trata de compatibilizar la justicia real con la formal. Ello
ocurre cuando en la decisión intermedia de que se trate existe ya un perjuicio a
algún derecho de cualquiera de las partes, y ese gravamen es de imposible o
insuficiente reparación ulterior durante el desarrollo del proceso. No se trata del
agravio en que consiste el objeto central del proceso penal, sino de otro, que
lesiona algún derecho durante su trámite, y que no podrá ser subsanado con la
sentencia definitiva. Esa será, en resumidas cuentas, y en este caso para el
imputado, una decisión “importante”, pero no lo serán todas las demás aunque él
crea que lo son.
 
 Las excepciones a esa regla se basan, como adelanté, en la
justicia real del caso, en un acto jurisdiccional que "le toque un pelo" al
justiciable, parafraseando a v. Beling, cuando, como en el caso, se pone de
manifiesto sin lugar a duda alguna que el hecho por el cual se encuentra sometida
a proceso una persona, no constituye delito alguno y esa conclusión no podrá
variar por más pruebas que se produzcan en el futuro.
 
 En casos como el presente entra a jugar otro principio, quizás
de signo opuesto al de la obligación de seguir sometido a proceso, que se expresa
con el enunciado en el precedente "Mattei" (Fallos: 272:188), donde en el
considerando 14), se recordó que "debe reputarse incluido en la garantía de la
defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional el derecho
de todo imputado a obtener luego
de un juicio tramitado en legal formaun
pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga
término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de
 
 
innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal" (el
resaltado me pertenece). Y en el considerando 16) se dijo que "es preciso
puntualizar que la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a
defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a
proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro.....".
 
 En consecuencia, entiendo que para lograr un equilibrio entre
ambos intereses en juego, VV.EE. deberían habilitar la instancia y tratar el fondo
del asunto, que no es otro que el decidir si la conducta de Raúl Norberto Rajneri
es delito o no lo es. Enseguida se darán cuenta por qué.
 
 
 
 3). Hechos imputados a Raúl Norberto Rajneri.
 
 A Raúl Norberto Rajneri se le imputa que aproximadamente a
las 15:30 hrs. del 4 de junio de 2011, impidió la circulación vehicular sobre la
Ruta Nacional N°22 a la altura del Km. 1167, en inmediaciones del Barrio
Colonia Fátima de la localidad de Cervantes, Río Negro, mediante su ubicación
sobre la cinta asfáltica y la colocación de pancartas, interrumpiendo de ese modo
el tránsito vehicular y su normal funcionamiento, ello con la participación de un
grupo aproximadamente de veinticinco manifestantes, pertenecientes al barrio de
mención (vid. acta de indagatoria, que sirve de plataforma fáctica al auto de
procesamiento que viene aquí recurrido por el imputado).
 
 Ese día la policía comprobó que los intervinientes eran unas 25
personas, vecinos del barrio citado, ubicado en el margen de la ruta, con
pasacalles y que con cubiertas en desuso y dos bancos de madera interrumpieron
la circulación vehicular sobe la calzada y sobre ambas banquinas de la cinta
asfáltica, en demanda de la construcción de 90 viviendas y tendido de cloacas, y
lo hacían durante quince minutos de corte por quince minutos de liberación del
tránsito, mientras que el personal policial aseguró una vía alternativa de
circulación. Todo duró dos horas. Se los notificó que su conducta estaría incursa
en el art. 194 del Código Penal. No se registraron incidentes. Hay fotografías de
la situación.
 
 A los policías actuantes se les tomó declaración testimonial y
en esa oportunidad aseveraron que el corte era intermitente, que se obstruía un
carril y se liberaba el otro. Que ya conocían a Rajneri de manifestaciones y cortes
anteriores y lo tenían como referente social del grupo de personas que habitan en
ese barrio. En cuanto a los inconvenientes del corte de la ruta, los policías
 
 
señalaron que tuvieron que disponer un operativo de seguridad para habilitar un
camino alternativo sobre una de las calles rurales que insumía un trayecto de 11
kilómetros adicionales para poder sortear las manifestaciones que ocupaba 50
metros de cinta asfáltica. Que no hubo ningún accidente de tránsito, pero a
criterio de la policía sí existía una situación de peligro permanente, ya que sobre
la ruta estaban retenidos camiones que transportaban sustancias peligrosas y que
el embotellamiento también generaba peligro de provocación de accidentes. En
las fotografías se ven detenidos en la cola que se formó en la ruta unos camiones
de transporte de combustibles y otras sustancias inflamables.
 
 En su descargo el imputado dijo que su presencia en el lugar
respondía a una actitud de solidaridad con el reclamo relativo a viviendas y
servicios básicos que un grupo de manifestantes del barrio Fátima de Cervantes
estaba efectuando hacia las autoridades; negó haber actuado en calidad de
referente de dicho grupo y aseguró haber llegado al lugar del corte de ruta cuando
ésta ya estaba producido.
 
 
 
 4). Decisiones jurisdiccionales
 
 El juez federal entendió que la conducta atribuida al imputado
devenía atípica por cuanto a) no se había podido comprobar un rol activo que
denotara responsabilidad penal en grado de autor, coautor, instigador o cómplice;
b) no se había generado una situación de peligro con entidad suficiente para
estorbar o entorpecer el tránsito vehicular que requiere el artículo 194 del Código
Penal y c) no se había provocado ninguna situación de peligro generalizado ni
tampoco para personas o bienes individuales.
 
 Contra esta sentencia, el fiscal federal interpuso recurso de
apelación (fs.107/108). De la lectura de su recurso no surge cierta explicación
acerca de por qué esa conducta encontraría subsunción típica en el artículo 194
del Código Penal. La Cámara de Apelaciones hizo lugar al recurso fiscal y revocó
la decisión del juez. Pero tampoco explicó por qué la conducta descripta
encuadraría en el tipo penal en cuestión, sino que se remitió en forma genérica a
su jurisprudencia (fs. 118).
 
 
 
 
 5). El delito del artículo 194 del Código Penal y el contexto
en que es aplicado. Las causas de justificación y las que excluyen la
culpabilidad.
 
 En los últimos tiempos en la Argentina aparecieron fenómenos
novedosos y se intensificaron otros ya conocidos que, en síntesis, consisten en la
producción de manifestaciones tumultuosas en lugares públicos, llevadas a cabo
con medios bastante precarios o poco sofisticados o al alcance de cualquiera, que
no son organizadas desde alguna institución pública o privada, que producen
cortes de calles, rutas, puentes, de accesos del más variado tipo y de otras vías de
comunicación terrestre, muchas veces seguidas de acciones violentas contra las
fuerzas de seguridad, funcionarios y particulares, y/o de daños de todo tipo a la
propiedad pública y privada.
 
 El fenómeno, en su origen, tuvo de novedoso el hecho de que
esas manifestaciones eran producidas por personas desocupadas o subocupadas y
que no pertenecían a ninguna clasificación más o menos conocida. En el proceso
de encasillamiento o etiquetamiento por parte de los comunicadores sociales, se
intentó marcar una diferencia con otras formas de expresión pública y numerosa,
como por ejemplo, los ahorristas estafados, los ambientalistas, los feligreses, los
maratonistas, los vecinos que reclaman mayor seguridad, las víctimas de delitos
de distinta especie, entre muchos otros. A estos otros grupos se lo llamó
“piqueteros”.
 
 La característica de nuestros “piqueteros” es que no tienen un
lugar de poder desde donde reclamar, relacionado con el hecho, omisión o
circunstancia que lo genera. No tiene sentido que hagan huelga si reclaman más
seguridad en un barrio, o que peticionen en o ante sus lugares de trabajo, si lo que
piden es un semáforo en la esquina, ni que anden con pancartas en las esquinas o
banquinas porque son tantas los reclamos sociales por satisfacer que nadie les
llevaría el apunte. Las autoridades no se colocan delante de los reclamos para
prevenirlos, sino que actúan por reacción ante un caos descomunal que ya nadie
puede controlar.
 
 Se ven perjudicados quienes no participan, especialmente en
su libertad ambulatoria e, indirectamente, en su trabajo, sus negocios, y todos los
derechos que dependen del ejercicio de la primera en ese preciso lapso.
 
 Existe toda una línea de pensamiento que cree que estos
“conflictos sociales” deben ser tratados por el derecho penal. Así, se
 
 
criminalizaron y judicializaron muchísimos casos de lo que ha dado en llamarse
la “protesta social” (Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, causa 3905,
registro N° 5150, “Schifrin, Mariana”, resuelta el 3/7/2002, publicada en La Ley,
2003-B-501). Para ello, se utilizan dos vías, una directa, mediante la aplicación de
las figuras delictivas previstas para los casos de ocupaciones e interrupciones de
las vías de comunicación; la otra indirecta, a través de las figuras estructuradas
sobre una base de desobediencia o de resistencia a las órdenes de la autoridad.
 
 En el presente caso, la conducta se tipificó en el artículo 194
del Código Penal que establece “El que, sin crear una situación de peligro común,
impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes
por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de
agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de
tres meses a dos años”.
 
 A continuación intentaré abordar los problemas que presenta la
norma desde el punto de vista de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la
culpabilidad.
 
 
 
5.a) Interpretación normativa y teleológica de la norma.
 
 Existe una primera limitación a la represión de estas
conductas, a partir de las posibilidades que da el tipo legal. Se debe respetar el
sentido histórico de la ley, el ámbito de prohibición de la norma que fue el tenido
en cuenta por el legislador al diseñarla, que no puede ser sobrepasado sin serios
fundamentos. En el terreno de la imputación objetiva se viene trabajando bastante
esta idea, más allá de los nombres con que se la cobije, como la esfera o fin de
protección de la norma.
 
 De todos modos, la aplicación de este método interpretativo no
aparece como preferible en relación al art. 194 CP pues no se trata de una ley del
Congreso de la Nación, sino de una emitida por un gobierno de facto, una
dictadura, el llamado “decreto-ley” 17.567. Tan clara es la dificultad que la norma
fue concebida como para funcionar aunque no se ponga en peligro la seguridad
común o pública, pese a que fue inserta en el Titulo del Código Penal que reclama
su ofensa. Si esto es así, y como no puede haber delito sin ofensa a un bien
jurídico (art. 19 CN), debería concluirse que el peligro debería ser para un bien
 
 
jurídico concreto, para la vida e integridad física de alguna persona identificada.
Es evidente entonces, que el sentido o significado de la norma penal mencionada
no puede ser el de criminalizar cortes de calles o espacios públicos por grupos de
personas que protestan de una manera preponderantemente pacífica.
 
 Aquí se agrega el método de interpretación sistemático. El test
para corroborar la corrección de esta conclusión es el de considerar que otro
modo de explicar la norma nos conduciría al infinito: también deberían ser
criminalizados por obstruir la vía pública los dueños de restaurantes que ocupan
las veredas con mesas y sombrillas; los verduleros que exhiben sus frutas y
hortalizas ocupando media vereda; los feriantes; los vendedores ambulantes, y
todos ellos, aunque gozaren de autorización administrativa, porque esta última, al
tener sólo jerarquía normativa municipal, no podría ir en contra de una ley
nacional, el Código Penal, es decir, eliminar la tipicidad o autorizar la comisión
de una conducta prevista en un tipo de la ley penal nacional (art. 31 Constitución
Nacional). Un acto administrativo o norma local, no podrían autorizar la comisión
de un delito. El funcionario público que la autorizase, también debería ser
criminalizado como coautor o partícipe.
 
 
 
5.b) El bien jurídico protegido. El principio de lesividad.
 
 Según nuestra tradicional concepción, para ser punibles,
además de encuadrar formalmente en los supuestos de la ley penal, las conductas
deben lesionar o haber puesto en peligro la seguridad o el orden públicos (Art. 19
Constitución Nacional y arts. 30 y 32.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos).
 
 La seguridad pública se conmueve con la creación de
situaciones que crean inseguridad para la intangibilidad de las personas o las
cosas, consideradas de una manera indeterminada. Si fuera individual, podría dar
lugar a otras figuras, contra la integridad física, la propiedad o la libertad.
 
 El orden público, se altera mediante el temor, la gestación de
situaciones de intranquilidad pública. Pero debe tenerse cuidado de identificar
esta situación con un concepto de orden formal, porque por esa vía llegarían a
incriminarse las conductas que producen fastidio al intérprete porque las cosas y
personas no están en el lugar que al juzgador se le ocurre corresponde deben
estar. Si no se aclara y restringe el concepto, podría trazarse cualquier imputación
objetiva a cualquier conducta que subvirtiera el orden que el propio intérprete
 
 
considera debe existir. El orden público, el bien común, el interés de todos, etc.,
no son conceptos vacíos que puedan ser llenados por el intérprete según sus
concepciones o creencias individuales, sino que deben serlo con los valores de la
democracia, de la Constitución Nacional, el respeto de los derechos de las
minorías, etcétera.
 
 En derecho penal, la teoría del bien jurídico con contenido y
no como un mero valor formal, tiende a evitar la confusión de un bien jurídico del
que se ocupa la ley penal con el de la defensa de la disciplina vial. Evita que el
intérprete aplique su propio concepto de orden público, sin la más mínima
verificación de que las figuras penales que prevé el legislador, en todos los casos,
reclaman para su represión que las conductas hayan interferido el orden
preestablecido mediante la generación de temor, de intranquilidad pública, y no
de mero fastidio porque las cosas y personas están desordenadas. Tal concepto de
orden público llevaría al castigo de cualquier organizador de un espectáculo
artístico, deportivo, cultural, etc., aun con todos los permisos municipales en
regla, en tanto genere un caos descomunal.
 
 Se trata de un enfrentamiento entre el paradigma
excesivamente formal de la democracia, al que corresponde una concepción
formal de la validez de las normas como mera vigencia o existencia, con una
concepción sustancial de aquélla, que admite la posibilidad de antinomias y de
lagunas generadas por la introducción de límites y vínculos sustanciales como
condiciones de validez de las normas o de sus interpretaciones (Ferrajoli, Liugi
Derecho y Razón. Edit. Trotta. Madrid, 1995, pág. 24).
 
 De ahí que viene observándose que las protestas sociales que
únicamente se toman el espacio público para dirigir sus reclamos, para hacerse oír
por las autoridades que no han recibido y canalizado sus solicitudes, no debería
ser sujeta a medidas tan gravosas e intensas como lo es la acción penal, porque
ello conduciría a la criminalización de manifestaciones sociales pacíficas, en
contra de los derechos de jerarquía superior como lo son, en una república, la
libertad de expresión, de petición y reclamo a las autoridades, de reunión, de
asociación, etcétera.
 
 Esa fue la visión, con la que coincido, de la jueza Angela
Ledesma en su disidencia en la causa de la Sala III de la Cámara Federal de
 
 
Casación Penal en la causa N° 4859 “Alais, Julio Alberto y otros”, registro N°
199/2004, del 23/04/04, al considerar que no había peligro para el bien jurídico
porque el servicio del tren ya estaba interrumpido con anterioridad al corte que
habían dispuesto quienes protestaban.
 
 En igual línea de pensamiento, la disidencia del juez Juan
Carlos Rodríguez Basavilbaso en el citado caso “Schifrin, Mariana” de la Sala I
de la Cámara de Casación, que expone con realismo que, con el criterio de la
mayoría, deberían ser criminalizadas todas las manifestaciones públicas de
cualquier signo y propósito.
 
 
 
5.c) El principio de legalidad y el mandato de certeza.
 
 Si desde un punto de vista realista los delitos son restricciones
a nuestras conductas, prohibiciones o mandatos cuya violación o incumplimiento
son sancionados con un mal (la pena), en atención a la gravedad de la respuesta
estatal para esta clase de restricciones, se ha decidido desde antiguo que ellas
deben estar previstas por ley (principio de legalidad en materia penal, artículo 18
de la Constitución Nacional).
 
 Para sintetizar, y para decir algo un poco distinto de los
tradicionales análisis del principio de legalidad que hacemos los penalistas, en lo
que sigue me valgo del trabajo presentado como “amicus curiae” ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Schifrin, Marina s/ recurso de
queja” (causa S.2682, XXXVIII, que fue dictaminada por el Procurador Fiscal el
10 de noviembre de 2003, y que la Corte no resolvió sobre el fondo por
encontrarse prescripta la acción penal) por parte de Claudia Martín y Diego
Rodríguez Pinzón en representación de la Academia de Derechos Humanos del
Washington College of Law de la American University, y por Víctor
Abramovich, en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales.
 
 La expresión "ley" requiere no sólo que la medida tenga
alguna base en la legislación sino que, además, su contenido debe cumplir con
ciertas pautas mínimas: 1) debe ser adecuadamente accesible para las personas
cuyos actos pretende regular y 2) debe ser previsible, es decir, formulada con
suficiente precisión para permitir que un individuo –con el debido consejo legal si
es necesario– pueda estar advertida y/o regular su conducta en concordancia con
lo establecido por dicha norma (Corte Europea de Derechos Humanos, Caso
Hasan and Chaush v. Bulgaria, sentencia 26 de octubre de 2000, párr. 84).
 
 
 Si su contenido es de naturaleza penal, el grado de precisión
requerido es más estricto por cuanto es en "el ejercicio del poder punitivo en el
que se manifiesta, con máxima fuerza, una de las más graves e intensas funciones
del Estado frente a los seres humanos" (C.I.D.H., Caso Baena v. Panamá,
sentencia del 2 de febrero de 2001, párr. 107).
 
 La Corte Interamericana ha interpretado el artículo 9 de la
Convención Americana el cual garantiza el principio de legalidad y de no
retroactividad en igual sentido, al señalar que "en la elaboración de los tipos
penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente
las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. En
otras palabras, la definición de tipos penales debe contener una clara precisión de
la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de
comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no
penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y
abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se
trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con
penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad"
(C.I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y otros, sentencia del 30 de mayo de 1999, párr.
121; Caso Cantoral Benavides, sentencia del 18 de agosto de 2001, párr.. 157).
 
 Ahí no termina. La legislación penal debe ser aun más precisa
cuando se conecta a otros derechos fundamentales, como los de estos casos, en
que están involucrados el debate político sobre cuestiones de interés público que
afectan a un sector importante de la población (Corte Europea de Derechos
Humanos, Unabhangige Initiative Informationsvielfalt vs. Austria, sentencia de
26 de febrero de 2002, en el cual este tribunal señaló que bajo el artículo 10.2 de
la Convención Europea sobre Derechos Humanos el alcance permitido para
restringir el debate político sobre cuestiones de interés público es muy limitado).
 
 Agrego que los mismos conceptos se repiten en el caso
“Mohamed vs. Argentina” de la Corte Interamericana, sentencia del 23 de
noviembre de 2012, parágrafos 130 y ss., entre los que se destaca, en lo que aquí
interesa, “que corresponde al juez penal, en el momento de la aplicación de la ley
penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta y observar la mayor
rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo
 
 
penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el
ordenamiento jurídico” (con cita del caso Ricardo Canese vs. Paraguay, y otros).
 
 Cotéjese todo lo expuesto con las múltiples posibilidades de
interpretación del alcance del art. 194 CP que, desde su creación por la ley de
facto 17.567, ha sido funcional a todos los gobiernos. Permite alternativamente
que algunos comportamientos puedan o no considerarse incluidos o no en la
descripción legal sin un marco preciso de referencia. Así, no existe previsibilidad
de la reacción estatal ni ofrece garantías suficientes contra las interferencias
arbitrarias de las autoridades.
 
 A diferencia de otros tipos penales donde no se describe la
conducta pero sí el resultado y, a partir de él, pueden ser fácilmente establecidas y
comprendidas las conductas que están prohibidas (ej. homicidio, daño a la
propiedad, injurias, etc.), en el art. 194 “entorpecer”, “estorbar” o “impedir” el
normal funcionamiento de algo, puede ser cualquier cosa, no en función del
medio para llegar a un resultado preestablecido en la ley, sino en cuanto a ese
resultado en sí mismo. Nadie puede establecer de antemano qué es lo “normal” en
el funcionamiento de los transportes ya que, si, por ejemplo, se tomara por tal el
cumplimiento de un horario, una detención de unos minutos en el trayecto
constituiría ya un impedimento o un estorbo de tal normalidad. Todos los retrasos
de las compañías aéreas por “razones operativas”, también.
 
 Al interpretar en términos tan generales la norma (que de por
sí ya lo es) se torna en totalmente vaga e imprecisa. Es un agujero de punibilidad
que no impone ningún límite al poder punitivo. “Entorpecimientos" puede ser
cualquier cosa, prohibidos o no, los que requerirían una previa autorización
administrativa y los que no (ej. la reparación de una calle; una procesión
religiosa; la disposición de los camiones de una mudanza; los fanáticos de algún
personaje famoso que esperan en las inmediaciones del hotel que salga al balcón
para saludar, las ocupaciones de arterias por sectores sindicales, etcétera).
 
 No se trata aquí de la discusión sobre las facultades y deberes
estatales de reglamentación del uso de las calles, parques y otros espacios
públicos (p.ej. los Códigos Contravencionales de las Provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), sino de la advertencia de que el Estado no puede
dejar al exclusivo arbitrio de policías, jueces y fiscales en qué supuestos
corresponde hacerlo, porque ello conduce a una selectividad en su aplicación que
no fue la diseñada por el único poder con potestad para hacerlo: el legislativo.
 
 
 Estas situaciones generan el peligro de permitir que una norma
de esta naturaleza sea legitimadora de la criminalización de opiniones y reclamos
ante las autoridades por parte de sectores que no están de acuerdo con el gobierno
de turno o simplemente con la mayoría.
 
 
 
5.d) Las causas de justificación.
 
 Aun suponiendo que la conducta fuera típica, y que se puede
sortear el filtro de la tipicidad y que la conducta encuadra dentro del tipo del
artículo 194 del Código Penal, en la siguiente etapa de análisis nace un problema
muy serio que es el del ejercicio de derechos constitucionales y sus conflictos con
normas penales prohibitivas o imperativas, que puede ser tratado en el ámbito de
la tipicidad ampliada o el de antijuridicidad-justificación y, en este último caso,
con distintas consecuencias según la teoría que se siga.
 
 Debo aclarar que soy de la idea de que cuando los magistrados
aplicamos el Código Penal, debemos hacerlo con todas sus disposiciones y no
solamente las de la parte especial. Sigo.
 
 En primer lugar aparece el estado de necesidad (art. 34, inc. 3º
CP), especialmente en los casos en que los que se manifiestan entorpeciendo a los
demás se hallan en límites de pobreza absoluta, no existen respuestas
institucionales razonables a sus pedidos, los medios no se hacen eco de sus
reclamos y están condenados a sufrir males inminentes y graves (ver las distintas
opiniones en: Zaffaroni, Eugenio Raúl, El Derecho Penal y la Criminalización de
la Protesta Social, Jurisprudencia Argentina, boletín del 13 de noviembre de
2012 [J.A. 2002/ IV, fascículo Num. 7], página 29; Gargarella, Roberto, Por qué
el fallo Alais es (jurídicamente) inaceptable. Jurisprudencia Argentina, 2004-III,
fascículo Num 1, del 7/7/04, pág. 40. Gargarella, Roberto, Dar de Nuevo:
activismo cívico y el derecho a la crítica radical. Revista “Más Derecho?”,
edición especial sobre libertad de expresión, Edit. Fabián Di Plácido, Buenos
Aires, 2002, pág. 61. Gargarella, Roberto, El Derecho a la Protesta Social, edit.
Ad Hoc, Buenos Aires, 2005; Ferreyra, Raúl Gustavo, El derecho de Libertad de
Expresión y la aplicación de la doctrina de los derechos y libertades preferidos a
un caso difícil. Suplmento de Derecho Constitucional de La Ley, Buenos Aires,
10 de noviembre de 2000). Entremezclando la necesidad con la libertad de
 
 
expresión, o mejor dicho, incorporando a la necesidad como requisito del
ejercicio de aquélla, en “Adderley v. Florida”, 385 U.S. 39, 50-51 (1966), en
disidencia, el juez Douglas de la Corte estadounidense recordó un criterio
material del derecho de petición para reparar agravios. Dijo: “El derecho de
petición para reparar agravios tiene una antigua historia y no se limita a la
redacción de una carta o al envío de un telegrama a un miembro del Congreso; no
está confinado a la comparecencia ante el Consejo del municipio local o a la
redacción de cartas al Presidente o el gobernador o el alcalde. Los métodos
convencionales de petición pueden ser y a menudo han sido imposibles para
nutridos grupos de ciudadanos. Los legisladores pueden hacer oídos sordos; las
quejas formales pueden ser desviadas interminablemente a través de un laberinto
burocrático; los tribunales pueden permitir que las ruedas de la justicia giren muy
lentamente. Los que no controlan la televisión y la radio, los que no pueden pagar
la publicidad en los periódicos o difundir folletos completos, quizá dispongan a lo
sumo de tipo más limitado de acceso a los funcionarios públicos. Sus métodos no
deben ser condenados como tácticas de obstrucción y presión mientras la
asamblea y la petición sean pacíficas”.
 
 Sin embargo, el instituto del estado de necesidad justificante
tiene el problema de su estrechez, esto es, que no satisface todos los intereses
jurídicos involucrados en los casos, porque el estado de necesidad está pensado
para situaciones de males inminentes, de conflictos entre derechos individuales,
mientras que en los casos de demandas sociales por vía de los piquetes,
generalmente se encuentran involucrados reclamos que sobre derechos que no
pueden ni se pretenden sean satisfechos inmediatamente (aumentos de salarios,
construcción de obras públicas, asignación de recursos para el esclarecimiento de
un hecho delictivo, etc.) y otras, simplemente, solo pretenden poner de manifiesto
el recuerdo, el homenaje, el dolor, el ejercicio de la memoria, con múltiples
finalidades sociales y políticas (manifestaciones para el recuerdo de atentados, de
grandes catástrofes, de accidentes de tránsito, del fallecimiento de una persona
destacada para el grupo manifestante, etc.).
 
 A mi modo de ver, este tipo de situaciones pueden recibir
mejor tratamiento a través del instituto del legítimo o regular ejercicio de un
derecho (art. 34, inc. 4°, CP). Éste ha tenido poco tratamiento por la doctrina
penalista porque no aborda temas preponderantemente penales, sino remite al
 
 
análisis de todo el ordenamiento jurídico, permitiendo su entrada a la teoría del
delito con la que debe convivir.
 
 En tal orden, los derechos de peticionar a las autoridades, de
reunión y de libertad de expresión (arts. 14, 36, 37 C.N.; arts. 13, 15, 16 y 23
CADH) pueden funcionar como límite a la antijuridicidad de la conducta.
Veamos.
 
 La primera cuestión que debemos admitir es que la libertad de
expresión es un derecho eminentemente perturbador, que se da de bruces con
conceptos formalistas de orden. Si una expresión fuera inofensiva, quedaría
dentro del ámbito de reserva de los habitantes, el Estado no podría reglamentarla
ni tendría sentido que lo hiciese (art. 19 C.N.), y mucho menos que nos anuncien
nuestro derecho a la libertad de expresión. Cuando se habla de “abuso de la
libertad de expresión” o que su límite es “la no comisión de delitos mediante su
ejercicio”, en realidad no se dice nada. Son fórmulas vacías. Para qué la
Constitución nos daría una libertad de expresión inocua, inofensiva, si también
nos da el derecho a hacer cualquier cosa mientras no dañemos o pongamos en
peligro los derechos de los demás? (art. 19 C.N.). La consecuencia es que estas
previsiones significan algo más. Están conferidas para interferir en los derechos
de los demás, son molestias que pueden incluso constituir ofensas tipificadas
penalmente, y que deben ser admitidas para permitir el desarrollo social por vías
pacíficas.
 
 Y el problema aparece porque existen infinidad de conductas
que van más allá de la escritura, el dibujo y la palabra, y que son consideradas
expresión. Es muy dificultoso diferenciar lo que es una opinión u emisión de
ideas y lo que entra en el terreno de las acciones o conductas, porque se han
reconocido como integrantes de la libertad de expresión, una serie de
manifestaciones que no se agotan en la libertad de palabra, sino que comprenden
gestos y actitudes. Un buen comienzo lo proporcionó John Stuart Mill: no se
pretende que las acciones sean tan libres como las opiniones, porque aun las
opiniones pierden su inmunidad cuando las circunstancias en que ellas son
expresadas son tales que su expresión constituye una instigación positiva a algún
acto ilegítimo (Bianchi, Enrique y Gullco, Hernán, El derecho a la libre
expresión, edit. Platense, La Plata, 1997, p. 69)
 
 
 Más cerca en el tiempo se habla de las llamadas “conductas
expresivas”, como un asesinato político o un daño a un edificio público como
acto de protesta contra determinada política emanada de ese departamento del
gobierno, tienen importantes componentes de expresión, porque éstas son
realizadas mediante las acciones, pero tradicionalmente no se les ha dado la
protección en la cláusula constitucional. La razón de ello no consiste en que se
trata de expresiones no verbales, porque se ha visto que también pueden estar
amparadas las gestuales, como un determinado saludo o el uso de distintivos o
ropas que simbolizan ideologías o pertenencia a grupos o asociaciones. Para Ely,
lo que diferencia aquellos actos (el asesinato, el daño) no es que no sean
expresivos, sino que el daño que causan no emana del mensaje que transmite el
acto, porque un asesinato o daño es perjudicial incluso si nadie ve en ello un
elemento expresivo; en cambio, un saludo determinado (levantar el brazo para los
nazis) o el uso de específica vestimenta (brazaletes, capuchas, togas, etc., para el
Ku Klux Klan) pueden causar problemas únicamente si la gente conoce su
significado (Ely, John Hart Democracia y Desconfianza. Siglo del Hombre
Editores, Universidad de los Andes, Bogotá, 1997, pág. 142, nota al pie). La
cuestión es, de todos modos, bastante problemática porque existen casos que se
ubican en una zona gris: la quema de una bandera (cambiaría la tipicidad si es
ajena o propia o la bandera nacional o la bandera del equipo de fútbol contrario en
el medio de un partido de fútbol).
 
 De modo que puede concluirse que mientras las
manifestaciones públicas se limiten a reunirse, gritar o vociferar discursos o
cánticos, cortar las calles o rutas, exhibir pancartas o banderas, de una manera
pacífica, se las debe catalogar como conductas expresivas.
 
 El asunto reviste suma importancia porque si una conducta es
considerada expresiva, le comprenderán los atributos de la libertad de expresión,
entre los que se encuentran la prohibición de la censura previa. La prohibición
constitucional de la censura previa en la Argentina (art. 14 CN) y en el ámbito
interamericano (art 13 CADH) es prácticamente absoluta, a diferencia de EE.UU.
y de Europa donde se admiten mayores restricciones (ej. doctrina del peligro claro
y actual o inminente). Ninguna ley ni acto de autoridad infraconstitucionales
pueden actuar en contrario.
 
 El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que “la participación de
 
 
las sociedades a través de la manifestación social es importante para la
consolidación de la vida democrática de las sociedades y que, en general, ella
como ejercicio de la libertad de expresión, reviste un interés social imperativo, lo
que deja al Estado un marco aun más ceñido para justificar una limitación a esa
forma de ejercicio de la libertad de expresión. La relatoría entiende que las
limitaciones al ejercicio del derecho de reunión deben estar dirigidos
exclusivamente a evitar amenazas graves e inminentes” (ver, Informe Anual, del
Relator Especial para la Libertad de Expresión 2002, capítulo IV –Libertad de
expresión y Pobreza–, párr. 34.).
 
 Una de las consecuencias de la restricción a la libertad de
expresión represión o criminalización del conflicto social “puede ser la de vaciar
de contenido el derecho de libertad de expresión, en tanto él se muestra como
aglutinamiento y vehiculizador de otros derechos constitucionales de quienes
protestan, de inembargable trascendencia para el desenvolvimiento de la
institucionalidad republicana” (Ferreyra, Raúl Gustavo “La Constitución
Vulnerable”, Ed. Hammurabi, 2002, p.46).
 
 “El amedrentamiento a la expresión a través de la imposición
de penas privativas de la libertad para las personas que utilizan el medio de
expresión antes mencionado [demostraciones en la vía pública], tiene un efecto
disuasivo sobre aquellos sectores de la sociedad que expresan sus puntos de vista
o sus críticas a la gestión de gobierno como forma de incidencia en los procesos
de decisiones y políticas estatales que los afecta directamente” (Ver, Informe
Anual, del Relator Especial para la Libertad de Expresión 2002, ya citado, párr.
35).
 
 Como en cualquier causa de justificación, rige el principio por
el cual debe emplearse el medio menos lesivo para alcanzar la realización del
derecho (o permiso) de que se trate. En este punto debe aclararse qué se entiende
por necesidad o, mejor dicho, necesariedad, que es la guía de la proporcionalidad
entre medios y fines. Como en cualquier otra justificante, no se actúa por
obligación sino por elección, de modo que la necesidad no radica en la antinomia
“cortar” vs. “no cortar la ruta”. No están obligados a hacer lo segundo, sino
facultados a hacer lo primero. El criterio a seguir es que cuando eligen libremente
ejercer esa facultad (ese derecho), están autorizados a hacerlo hasta donde sea
 
 
necesario para satisfacer el objetivo propuesto (p. ej. llamar la atención, conseguir
una audiencia con el funcionario que debe tratar el problema), pero no más allá.
 
 Por eso se han ido generando algunos estándares
jurisprudenciales en el ámbito internacional a las que se intitula como
restricciones de modo, tiempo y lugar. Así, la previsión de preservar vías
alternativas de circulación; de no cometer daños a las cosas ni lesiones a las
personas; la restricción de no manifestarse de modo de impedir el ejercicio de
derechos personalísimos y básicos, como frente a un hospital donde existen
personas delicadas y el silencio es un bien esencial, o porque allí se están
realizando intervenciones quirúrgicas o porque resulta elemental que no debe
impidirse el ingreso y egreso de las ambulancias; o en lugares de alto riesgo como
las instalaciones de una central nuclear, etcétera. Y el contenido y urgencia del
reclamo también constituyen parámetros a tener en cuenta, porque no es similar el
piquete de un conjunto de trabajadores despedidos de una empresa, que el de los
titulares de esas empresas o de medios de producción que pueden expresarse por
otros medios menos perturbadores (como que no es lo mismo una huelga que un
lock out, vid. art. 158 CP).
 
 Y a estos estándares no les son ajenos los vaivenes políticos de
una sociedad. En los EE.UU. se ha desarrollado la doctrina del “foro público”,
que ha generado toda una línea jurisprudencial con mayores y menores
restricciones a las protestas sociales, según los tiempos de que se trate, todo
basado en interpretaciones de la Corte de las Primera y Decimocuarta Enmiendas
de su constitución. Hay foros privados y públicos, y entre éstos, los tradicionales
y otros limitados o designados.
 
 Está el problema de la neutralidad del estado respecto del
contenido o móvil de la protesta para establecer las restricciones (por ejemplo, un
grupo que reclame la supresión de la democracia, que es el sistema por el cual
ellos pueden estar reclamando), el problema muy serio de la imposibilidad de
reglamentar las manifestaciones (por ejemplo, Código Contravencional de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que exige aviso previo a la autoridad) porque
siempre se podría cuestionar la constitucionalidad de esa exigencia o protestar
contra ella; también el asunto de la protección de los manifestantes (doctrina del
“orador parado en la esquina de la calle”, donde la autoridad no debe bajar al
orador para evitar males mayores, sino protegerlo de quienes quieren agredirlo y
censurar su expresión porque les resulta ofensiva).
 
 
 Sin pretensión alguna de exhaustividad, pueden verse estos
problemas en los siguientes casos “Davis vs. Massachusetts” (1897); “Hague vs.
CIO” (306 US 496, 1939); “Schneider” 308 US 147 (1939); “Eduards vs.
Carolina” (1963); New York Times vs. Sullivan (376 U.S. 254, de 1964), “Cox
vs. Lousiana” (1965); “Grayned v. Rockford city” (408 US 104, 1972); “Widmar
v. Vicente (1981); “Fisby vs. Schultz” (1988); “Conciencia de Krishna v. Lee”
(1992), entre muchísimos otros y abundante bibliografía.
 
 Estas cuestiones no son ajenas a nuestra jurisprudencia. La
Cámara Federal de San Martin, ante importantes manifestaciones públicas de
vecinos del partido de Vicente López por la construcción de la autopista
Panamericana, se inclinó por la no criminalización de tales “cortes” de una de las
vías de circulación y comunicación más importantes del país, al revocar un auto
de procesamiento en la causa "D.E., M. s/ querella", n° 46.586, Sala I, Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín, del 6 de abril de 1995, publicada en
revista El Derecho, ejemplar del 15/8/1995, con nota laudatoria de Germán Bidart
Campos. Debe señalarse que la misma Sala de la Cámara de Apelaciones de San
Martin ha cambiado de opinión, y habilitó poder punitivo en otros casos de
protestas sociales (CFSM, Sala I, causa “Bogado, Ramón y Hermosilla, Javier,
empleados de la empresa Kraft”, del 22/2/2011, publicado en el Suplemento
Penal de La Ley, 2011, mayo, 75, La Ley 2011-C-306; causa 4452/5 “Antón,
Luis Alberto y otros s/ inf. Art. 194 CP”, resuelta el 23/06/2005; causa 1567/11
“Av. Inf. Art. 194 CP, imputado Costilla, Hugo Alberto”, resuelta el 22/09/2011,
registro 5756). La Sala II sigue este mismo criterio.
 
 
 
5.e) El exceso en el ejercicio de las causas de justificación.
 
 Existe en el Código Penal argentino una disposición del texto
original de 1921 que difiere parcialmente con otras similares del derecho
comparado, pese a que todas reconocen el mismo origen normativo. La doctrina
dominante oscila entre quienes se inclinan por considerar que el instituto prevé un
supuesto de menor gravedad del injusto o de menor culpabilidad. Se trata del
“exceso” que en nuestra ley penal no lo es solamente en la legítima defensa o en
el estado de necesidad, sino en “los límites impuestos por la ley, por la autoridad
 
 
o por la necesidad”, y cuya consecuencia es el castigo “con la pena fijada para el
delito por culpa o imprudencia”.
 
 A diferencia de otros códigos, el nuestro admite el exceso en
cualquier causa de justificación y, por ende, en el ejercicio regular o legítimo de
los derechos. No existe una reducción general de pena por delitos dolosos
transformados en culposos (en cuanto a la pena), ni tampoco el crimen culpae
(nuestro sistema es de numerus clausus) de modo que se ha interpretado que si no
existe un tipo culposo que establece una pena, la consecuencia del exceso en el
ejercicio de la justificante en un delito doloso, es la impunidad. Ya sea se
considere que el exceso tiene una naturaleza reductora de la culpabilidad y que
por razones preventivas no es punible (Roxin), o que es un problema de
antijuridicidad (Muñoz Conde), la cuestión conduce al mismo resultado.
 
 La pregunta es por qué los juzgadores o aplicadores de la ley
penal argentina no verifican si se dan estos extremos en los participantes de
diversas manifestaciones en los casos concretos, ya que se trata de una cláusula
general aplicable a todos los delitos. En el caso de autos, esa omisión es flagrante.
 
 
 
5.f) Culpabilidad
 
 Algunos tribunales y la Procuración General de la Nación han
advertido que, aunque todos los filtros de la teoría del delito analizados hasta aquí
fueran sorteados, aun puede existir un error invencible de prohibición o una falta
de conciencia total de antijuridicidad que elimina la culpabilidad. En efecto, si los
tipos penales son vagos, si no es posible saber de antemano dónde termina lo
legítimo y comienza lo prohibido, y si además existen todo tipo de
manifestaciones públicas, no sólo de protesta, cuyas consecuencias son idénticas,
sus autores pueden sentirse legitimados a participar y no es posible formular un
juicio de reproche por ausencia de sus presupuestos (fue la posición del
Procurador Fiscal ante la corte en la citada causa S.2682, XXXVIII, “Schifrin,
Mariana, en su dictamen del 10 de noviembre de 2003; y de la disidencia del juez
Rodríguez Basavilbaso en la misma causa, en la instancia anterior de casación).
 
 Si, además, se comprobase en el caso una seria reducción del
ámbito de autodeterminación, aún cabría estudiar la presencia de un estado de
necesidad exculpante.
 
 
 
 
 6). En conclusión, entiendo que le asiste razón a la defensa
cuando sostiene que la resolución recurrida es arbitraria al remitirse de manera
abstracta a sus precedentes y sin analizar el hecho concreto, sus particularidades,
y la situación personal del imputado, y todas las disposiciones de la leyes
aplicables.
 
 El caso de autos se refiere a una protesta de contenido social
que se inscribe dentro del ejercicio de un derecho constitucional y que no ha
puesto en peligro ningún bien jurídico; no se ha demostrado que fuera
desproporcionada al fin perseguido; el corte no fue prolongado y hubo una vía
alternativa de comunicación; no ha habido lesiones a las personas ni daños a las
cosas; no ha habido ningún peligro más o menos concreto a bienes y personas por
cuanto la detención de camiones con combustible y sustancias inflamables no
significa un riesgo mayor al permitido por las normas para su transporte, es decir,
la detención en la cinta asfáltica es una situación normal de ese tipo de
transportes; no se trató de un piquete como medio para cometer otros delitos, por
ejemplo, extorsiones a autoridades o a particulares, que serían perfectamente
punibles; etcétera.
 
 Debo finalizar con una última cuestión. Se trata de un asunto
que la doctrina y la jurisprudencia han trabajado muy poco, el de la coacción
directa administrativa, que no se inscribe en el ámbito penal. Cuando un
automóvil está mal estacionado, generalmente las normas locales prescriben que
el conductor o su propietario serán sancionados, por ejemplo, con una multa. Pero
ello tiene una naturaleza distinta que la de la remoción del vehículo mal
estacionado. Esto último puede ocurrir con independencia de la sanción, porque el
fin que persigue es el de liberar la vía de comunicación. Este ejemplo sencillo,
permite ver con claridad que una cosa es la obstrucción de una vía de
comunicación por un piquete, y otra es la responsabilidad penal que sus autores
podrían tener por esa conducta. Lo mismo ocurre con las ocupaciones de
inmuebles usurpados, donde el desalojo es independiente de las sanciones a que
pudieran o no corresponderle a los ocupantes. Un hecho justificado en el ámbito
penal, no descarta las responsabilidades en otros ámbitos, porque estas derivan de
otras fuentes de imputación. Inclusive en el ámbito de la teoría del delito se
discute si existe una antijuridicidad penal y otra civil, o si se trata de la misma
 
 
categoría que se refiere a distintas líneas de imputación (vid. Günther, Hans-
Ludwig, La Clasificación de las causas de Justificación en Derecho Penal, en
Causas de Justificación y de Atipicidad en Derecho Penal, AA.VV., Edit.
Aranzadi, Madrid, 1995, pág. 45 y ss.; refutado por Zaffaroni, E.R., Alagia,
Alejandro y Slokar, Alejandro, en su Derecho Penal, Parte General, Ediar,
Buenos Aires, 2000, pág. 567).
 
 En fin, esto demuestra que el ejercicio de la fuerza pública
para remover obstáculos, dentro de los parámetros jurídicos que regulen su
ejercicio en un estado de derecho, es un asunto completamente distinto al del
ámbito de una causa penal y sobre el que no corresponde que emitamos opinión
alguna.
 
 Por todo lo expuesto, solicito a VV.EE. que revoque la
resolución apelada y se avoquen al conocimiento del fondo de la cuestión y, en
consideración a todo lo que aquí se ha expuesto, sobresean al imputado por la
conducta que se le endilga.
 
 Fiscalía n°4, 21 de febrero de 2013.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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