Encabezado eft
CIHD Caso Torres (Chubut, 2003)
CIDH Caso Torres (Chubut)
 CASO TORRES MILLACURA Y OTROS VS. ARGENTINA
SENTENCIA DE 26 DE AGOSTO DE 2011 (Fondo, Reparaciones y Costas)
Advertencia. El hecho ocurrió durante la Presidencia Kirchner y al 16.07.2013 (más de 10 años después,  continuando la era K), la sentencia no ha sido cumplida.
Síntesis de la sentencia
Hechos
La demanda se relaciona con la supuesta “detención arbitraria, tortura y desaparición
forzada de Iván Eladio Torres [Millacura]1, ocurrida a partir del 3 de octubre de 2003 en la
Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, y la posterior falta de debida diligencia
en la investigación de los hechos, así como la denegación de justicia en perjuicio de los
familiares de la víctima”.
En la contestación de la demanda, el Estado aceptó su responsabilidad internacional
por los hechos alegados por la Comisión Interamericana en los siguientes términos:
El Estado argentino entiende que, atento a que las autoridades competentes de la Provincia de
Chubut no han logrado desvirtuar la posibilidad de que agentes estatales hayan tenido
participación en la desaparición de Iván Eladio Torres [Millacura], reconociendo que existe
presunción de su efectiva participación, a la luz de los criterios interpretativos que surgen del
derecho internacional de los derechos humanos y de lo dispuesto por el artículo 38 del
Reglamento de la [Comisión Interamericana], ello resultaría suficiente para tener por configurada
la responsabilidad objetiva de la Provincia de Chubut en los hechos denunciados y, por ende, del
Estado Nacional.
Habida cuenta de lo expuesto, y tomando en consideración la naturaleza internacional de las
violaciones de derechos reconocidas precedentemente, acontecidas en el ámbito de la
jurisdicción de la Provincia de Chubut, el Gobierno de la República Argentina manifiesta su
voluntad de aceptar las conclusiones contenidas en el Informe adoptado por la
Comisión Interamericana conforme a lo previsto en el artículo 50 de la Convención Americana,
como así también las consecuencias jurídicas que de ello se derivan.
 La Convención Americana reconoce expresamente el derecho a la integridad
personal, bien jurídico cuya protección encierra la finalidad principal de la prohibición
imperativa de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este Tribunal
ha considerado de forma constante en su jurisprudencia que dicha prohibición pertenece
hoy día al dominio del ius cogens62 . El derecho a la integridad personal no puede ser
suspendido bajo circunstancia alguna63.
 De esta forma, se ha conformado un régimen jurídico internacional de prohibición
absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como psicológica, y respecto a esta
última, se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a
graves lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal
grado que puede ser considerada “tortura psicológica”.
La Corte ya ha establecido que “la infracción del derecho a la integridad física y
psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de
grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los
factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta”.
Es decir, las características personales de una supuesta víctima de tortura o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar si la
integridad personal fue vulnerada, ya que tales características pueden cambiar la percepción
de la realidad del individuo, y por ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de
humillación cuando son sometidas a ciertos tratamientos..
 La Corte ha verificado la consolidación internacional en el análisis de este crimen, el
cual configura una grave violación de derechos humanos, dada la particular relevancia de las
transgresiones que conlleva y la naturaleza de los derechos lesionados, por lo que implica un
claro abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el Sistema
Interamericano y cuya prohibición ha alcanzado carácter de jus cogens
B. Consideraciones de la Corte.
 El Tribunal ya se ha referido a la obligación general de los Estados de adecuar su
normativa interna a las normas de la Convención Americana, en términos de lo dispuesto
por el artículo 2 de la Convención Americana159. Esta misma obligación es aplicable a los
Estados que se han adherido a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, pues dicha obligación deriva de la norma consuetudinaria conforme a la cual un
Estado que ha suscrito un convenio internacional debe introducir en su derecho interno las
modificaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas160.
El 31 de octubre de 1995 Argentina ratificó la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, la cual entró en vigor para dicho Estado el 28 de febrero
de 1996, fecha en que realizó el depósito del instrumento de ratificación en la Secretaría de
la Organización de los Estados Americanos. Por lo tanto, a partir de ese momento surgió
para Argentina la obligación específica de tipificar dicho delito de conformidad con el artículo
III de ese instrumento161.157. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana la
Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido
daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que esa disposición “recoge una
norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho
Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado”
 Este Tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con
los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las
medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, la Corte deberá
observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho
En consideración de las violaciones a la Convención Americana, a la Convención
sobre Desaparición Forzada y a la Convención contra la Tortura declaradas en los Capítulos
anteriores, el Tribunal procederá a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y
los representantes, así como los alegatos del Estado, a la luz de los criterios fijados en la
jurisprudencia de la Corte en relación con la naturaleza y alcance de la obligación de
reparar, con el objeto de disponer las medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados
a las víctimas.
Daño material.
La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y ha
establecido que éste supone “la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los
gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que
tengan un nexo causal con los hechos del caso”
 La Corte observa que según se desprende del expediente, particularmente de las
declaraciones rendidas por la señora María Leontina Millacura Llaipén y el señor Marcos
Alejandro Torres Millacura, a la fecha de su desaparición el señor Iván Eladio Torres
Millacura se encontraba desempleado. No obstante, de dichas declaraciones se desprende
también que solía realizar diversas labores relacionadas con la construcción179. Al respecto,
los representantes no aportaron argumentos ni pruebas que permitan a la Corte acreditar
los ingresos que el señor Iván Eladio Torres Millacura podría haber percibido por las diversas
actividades que llevaba a cabo. En consecuencia, la Corte decide fijar en equidad la cantidad
de US $40,000.00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente
en moneda argentina. Dicho monto deberá ser pagado en el plazo que la Corte fije para tal
efecto
Daño inmaterial.
 La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial y ha
establecido que éste “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a
la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las
personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de
existencia de la víctima o su familia
La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la Sentencia puede
constituir per se una forma de reparación. No obstante, considerando las circunstancias
del caso sub judice, la Corte estima pertinente fijar una cantidad como compensación por
concepto de daños inmateriales
En atención a las indemnizaciones ordenadas por el Tribunal en otros casos sobre
desaparición forzada de personas, y en consideración de las circunstancias del presente
caso, la entidad, carácter y gravedad de las violaciones cometidas, los sufrimientos
ocasionados a la víctima, el tiempo transcurrido desde que comenzó la desaparición y la
denegación de justicia, la Corte estima pertinente fijar, en equidad, la cantidad de US
$50,000.00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Iván Eladio
Torres Millacura, como compensación por concepto de daño inmaterial.
 El Estado debe cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los Estados
Unidos de América o moneda argentina, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de
cambio entre ambas monedas que esté vigente en la bolsa de Nueva York, Estados Unidos
de América, el día anterior al pago.
Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones no fuese posible
que las reciban dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en
una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera argentina, en dólares de
los Estados Unidos de América y en las condiciones financieras más favorables que permitan
la legislación y la práctica bancaria de Argentina. Si al cabo de 10 años las indemnizaciones
no han sido reclamadas, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses
devengados.
En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la
cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Argentina
Sentencia
1. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.
2. El Estado deberá iniciar, dirigir y concluir las investigaciones y procesos necesarios,
en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de
determinar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de lo sucedido a Iván Eladio
Torres Millacura, en los términos de los párrafos 164 a 168 de la presente Sentencia.
3. El Estado deberá continuar la búsqueda efectiva del paradero del señor Iván Eladio
Torres Millacura, en los términos del párrafo 166 del presente Fallo.
4. El Estado deberá implementar, en un plazo razonable, un programa o curso
obligatorio sobre derechos humanos dirigido a los policías de todos los niveles jerárquicos
de la Provincia del Chubut, en los términos del párrafo 173 del presente Fallo.
5. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos 184 a 186, 192 y 200
de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y
por reintegro de costas y gastos, según corresponda, de conformidad con los párrafos 184 a
187, 191 a 192, 197 a 200, y 206 a 212 de la misma.
6. El Estado deberá reintegrar al Fondo de Asistencia Legal a Víctimas de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos la suma erogada durante la tramitación del presente
caso, en los términos de lo establecido en los párrafos 201 a 203 de este Fallo.
7. Dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia el Estado
deberá rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.
8. Conforme a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el
presente caso una vez que el Estado haya dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma.
El Juez Eduardo Vio Grossi hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente, el cual acompaña
esta Sentencia.
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en la Ciudad de Bogotá,
Colombia, el 26 de agosto de 2011.

 

ISSN 1669- 4031
Equipo Federal del Trabajo

Asociación Civil sin fines de lucro
Paraná 557, piso 3º, dto.C 1400 Ciudad de Buenos Aires
R 4373 4726     

E Mail: holisticaeft@gmail.com

X

Ediciones Anteriores

Edicion Nº   109     miércoles, 04 de junio de 2014

Edicion Nº   108     domingo, 04 de mayo de 2014

Edicion Nº   107     viernes, 04 de abril de 2014

Edicion Nº   106     martes, 04 de marzo de 2014

Edicion Nº   105     martes, 04 de febrero de 2014

Edicion Nº   104     sábado, 04 de enero de 2014

Edicion Nº   103     miércoles, 04 de diciembre de 2013

Edicion Nº   102     lunes, 04 de noviembre de 2013

Edicion Nº   101     viernes, 04 de octubre de 2013

Edicion Nº   100     miércoles, 04 de septiembre de 2013

Edicion Nº   99     domingo, 04 de agosto de 2013

Edicion Nº   98     jueves, 04 de julio de 2013

Edicion Nº   97     martes, 04 de junio de 2013